La designación de José Feliciano Díaz Iribarren, conocido como Chano, para que ocupe el cargo que dejó Claudia Garza del Toro en las regiones Centro y Carbonífera, al ser nombrada delegada estatal del Bienestar, es reveladora. Es uno más de los hilos de esa telaraña de complicidad y contubernio en que confluyen los contratos de la CFE para el suministro de carbón y la manipulación de programas federales con una clara intencionalidad electorera.
Recordemos, al hoy subdelegado regional del Bienestar se le mencionó como uno de los socios de la mina El Pinabete, donde en agosto del año pasado murieron 10 mineros atrapados, pero se libró de que se le fincara responsabilidad por una circunstancia que le favoreció.
En aquel entonces Díaz Iribarren declaró que tenía una relación “de palabra pero no documental”, con la mina siniestrada.
PUBLICIDAD
El deslinde fue por completo ambiguo, incluso por parte de la Secretaría del Trabajo, dependencia para la que fue más sencillo inculpar a Christian Solís, por ser el titular de la relación laboral ante el IMSS.
Pero esa misma dependencia informó que el 22 de febrero de 2022, Compañía Minera El Pinabete intentó ceder los derechos de la concesión minera a SCI Edificaciones –empresa de la que es socio José Feliciano Díaz–, trámite que fue denegado por la Dirección General de Minas porque se incumplieron algunos requisitos.
Relación de palabra, no documental. ¿Quién explotaba realmente la mina?
En la inspección contratada por la CFE al Servicio Geológico Mexicano previo a la adjudicación de pedidos de carbón, el centro de trabajo correspondiente a SCI que se inspeccionó –y de ello hay un acta de marzo de 2022–, es justo El Pinabete, amparado con la concesión identificada como “Las Conchitas Fracción Norte”.
De acuerdo con esa acta “la empresa se encuentra explotando carbón y tienen una producción de 1,200 a 1,500 toneladas mensuales de carbón”.
Por un error de trámite, documentalmente la concesión minera no pasó a SCI, pero esa empresa cuando fue inspeccionada por el Servicio Geológico Mexicano declaró y tenía operando ese centro de producción donde seis meses después murieron diez mineros.
Los socios de El Pinabete, Luis Rafael García Luna y Héctor Morales Longoria, como se recordará están prófugos, pero hoy que Feliciano Díaz Iribarren accede a un cargo público federal vuelve a recordarse el vínculo que une a los tres, su relación con Régulo Zapata Morales.
Y Zapata Morales, pariente de Díaz Iribarren, construyó su relación con la cuarta transformación, y tuvo acceso a contratos de suministro de carbón por adjudicación directa, porque con su empresa de desarrollo en sistemas dio servicio en las campañas de Claudia Sheinbaum, y la primera de Delfina Gómez en el Estado de México hace seis años, así como en la de Américo Villarreal en Tamaulipas, y luego fue proveedor de gobiernos estatales emanados de Morena y también de dependencias federales.
Zapata se introduce en los círculos políticos con una aplicación –llamada zafiro– para auditoría y organización de estructura y movilización electoral.
Feliciano Díaz Iribarren es el encargado de los programas sociales del gobierno federal en las regiones Centro y Carbonífera, su primo vende una aplicación para organizar la movilización electoral.
Los partidos de oposición al presidencial tendrían que ponerle marcación personal al nuevo delegado.
–o–
Ocho asuntos se tienen enlistados para la sesión que tendrá la tarde de este viernes el Tribunal Estatal Electoral.
Salvo uno promovido por UDC, el resto de los asuntos fueron promovidos por Morena o por militantes de ese partido en contra de la Comisión Nacional de Honor y Justicia.
UDC sigue haciendo la lucha para que le permitan elevar el monto del financiamiento privado y las aportaciones de militantes y candidatos, que el IEC estableció en base a la ley y que no deben rebasar el 10% de los gastos de campaña de la elección anterior a gobernador, es decir la de 2017.
El argumento de la UDC es que con ese tope en las aportaciones, y con lo que les corresponde por financiamiento público no llegan ni al 50% de lo que está autorizado para gastos de campaña y quedarían en desventaja frente a otros partidos. El IEC les ha dicho que es la ley con la que se han regido, y UDC aceptado, desde 2014. Veremos qué resuelve hoy el Tribunal.
Y Morena anda litigando contra el registro de los convenios de las dos coaliciones y hasta contra la convocatoria del PT para nominar candidato a gobernador. ¿Será que ahora sí se pondrá sobre la mesa que en ese partido no hubo registros en las fechas establecidas por la convocatoria y tres días después salieron con dos precandidatos?
Pendientes pues de la sesión de hoy.
edelapena@eldiariodecoahuila.com.mx
