No les resultó la jugada a Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, y a Manuel Bartlett, director de la CFE, que le apostaron a dividir a los deudos de Pasta de Conchos para evitar presiones por el abandono en que están las obras consideradas en el programa para la recuperación de los restos de los mineros.
La semana pasada, de manera selectiva convocaron a las viudas a una reunión en la Ciudad de México para marearlas con el procedimiento de cancelación de contrato a las empresas que encargaron las obras y no pudieron con el paquete, pero no incluyeron a las que consideran son más combativas.
Pues también resultaron combativas las que sí fueron a CDMX, y tan regresaron inconformes con lo que se les dijo en la reunión –en resumen que no hay garantías de cumplir con la promesa de recuperar los cuerpos antes del fin del sexenio—, que este martes tomaron las obras de construcción del memorial, un monumento con el que no todos los deudos están de acuerdo.
Si la intención era bajarle presión antes de que se llegue el aniversario de la tragedia, el 19 de febrero, consiguieron justo lo contrario.
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Y ya que estamos en temas de la Región Carbonífera, en seguimiento a lo aquí comentado el viernes anterior, sobre las omisiones del Servicio Geológico Mexicano respecto a las condiciones de riesgo que existían en “El Pinabete”, fuentes bien informadas de la minería del carbón han aportado nuevos datos.
De 56 centros de trabajo que verificó el SGM bajo contrato de la CFE, en 24 de las inspecciones se hizo responsable el mismo ingeniero que avaló la operación de “El Pinabete”, Juan Eduardo Martínez Meza.
Hubo cuatro geólogos participantes en el contrato con la CFE, y el que más inspecciones realizó fue Martínez Meza.
De las 24 minas que revisó, seis tienen que ver con el grupo que controla Régulo Zapata Morales, entre ellas “El Pinabete”, y tres con el grupo del otro proveedor consentido de la CFE, Antonio Flores Guerra. Todas fueron avaladas y se les adjudicaron contratos.
En las suspensiones de actividades que dictó la Secretaría del Trabajo posterior al accidente en “El Pinabete”, se incluyó a varias de esas empresas que habían tenido luz verde del SGM y en las que los inspectores de seguridad en el trabajo detectaron irregularidades.
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Se cumplen hoy dos semanas de la agresión al alumno de una secundaria en Piedras Negras por parte de agentes de la policía durante un operativo mochila, y aún no se tiene una conclusión de la investigación.
Hasta ahora la actitud más responsable ha sido la de Sonia Villarreal, secretaria de Seguridad Pública, quien de entrada ordenó la suspensión del elemento que fue señalado como responsable y ordenó abrir un procedimiento interno.
El secretario de Educación, Francisco Saracho, señala que hay un protocolo con el que no se cumplió, pero de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, esa dependencia no ha presentado denuncia, tampoco directivos de la escuela, la Procuraduría de la Familia ni los padres del alumno.
Con todo y ello, aseguran en la Fiscalía que hay una investigación abierta. ¿Cuánto tiempo se lleva una indagatoria así, que se supone no es compleja pues se tiene ubicados a todos los involucrados? ¿no le estarán apostando al olvido?
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En Torreón, el gobernador Miguel Riquelme reveló que el fin de semana junto con su homólogo de Durango, tuvo una reunión con mandos militares para evaluar las estrategias de coordinación en materia de seguridad y se definieron dos prioridades para los siguientes meses: el combate al narcomenudeo y la supervisión de los centros penitenciarios.
El tema de los penales es importante, en las últimas semanas en estados vecinos como Zacatecas y Chihuahua han tenido violentos motines, y en el caso de Coahuila se ha reconocido una sobrepoblación en el centro varonil de Saltillo, que deberá corregirse al entrar nuevamente en operación el de Monclova, que por años tuvo cerrado el gobierno federal.
