Este viernes se cumplen seis meses del accidente que cobró la vida de diez mineros en “El Pinabete”, y el sábado se cumplen tres meses de que, dentro del plan para recuperar los cuerpos de esos diez trabajadores, se inició la construcción de un tajo a cielo abierto, obra que costará más de 600 millones de pesos y que pagará la Comisión Federal de Electricidad.
El 24 de enero, el presidente López Obrador instruyó a la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, a que emitiera un informe de los avances en los trabajos de rescate. Diez días después no se ha presentado ese informe, quizá la funcionaria no se atreve a desmentir a su jefe, quien en la mañanera aseguró que se va “bastante bien” y que están cerca de rescatar los cuerpos.
La recuperación de los cuerpos quizá para los deudos es el punto más importante en relación con “El Pinabete”, pero igual de trascendente es la investigación y la acción penal contra funcionarios y particulares que tienen responsabilidad en esa tragedia.
Al día de hoy sólo hay una persona procesada, Cristian Solís, a quien la Fiscalía General de la República acusó de estar explotando ilícitamente la mina. Señalaron a Cristian porque fue quien apareció como titular de la relación laboral ante el IMSS.
Ya se agotaron los cuatro meses que dio un juez de control a la FGR para complementar la investigación, y hasta ahora nada ha informado la Fiscalía de avances en el caso.
Hay órdenes de aprehensión desde mediados de septiembre en contra de los socios de la minera, Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, pero hasta ahora no se les ha capturado.
No en las investigaciones ministeriales, a las que todo indica se les ha dado carpetazo, pero sí en las periodísticas, han surgido nuevos elementos que señalarían responsabilidad en servidores públicos.
Cuando la CFE abrió el proceso para adjudicar pedidos de carbón en 2022, contrató al Servicio Geológico Mexicano para verificar los centros de producción de 55 posibles proveedores, entre éstos la minera “El Pinabete”.
En la ficha técnica de la verificación a “Las Conchitas” que fue el centro de producción declarado por “El Pinabete”, documento signado por el geólogo Juan Eduardo Martínez Meza, y revisado por el gerente regional noreste del Servicio Geológico Mexicano, José Carlos Rivera Martínez, no hay advertencia alguna por las condiciones de riesgo ante la proximidad de dos minas abandonadas que estaban inundadas.
De las verificaciones que hizo el SGM, en otros cinco casos sí se alertó de situaciones similares a las que existían en el entorno de “El Pinabete”, y de hecho a esas empresas no se les adjudicaron pedidos de carbón.
¿Qué llevó al geólogo Martínez Meza a omitir esas condiciones de riesgo?, ¿estamos ante un caso de negligencia o de corrupción?, esto lo tendría que estar indagando la Fiscalía del Estado, pero la instancia se ha desentendido del tema.
Otra irregularidad más que pasaron por alto funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad a la hora de adjudicar en junio de 2022 a “El Pinabete” el contrato por más de 41 millones de pesos, hay una discrepancia entre lo declarado al Servicio Geológico Mexicano y lo que se informó a la propia CFE en la declaración sobre el origen del carbón.
Como se ha dicho, para la verificación del SGM se declaró como centro de producción el predio correspondiente a la concesión minera “Las Conchitas fracción norte”, a nombre de Minera Río Sabinas, y ahí fue donde ocurrió el accidente.
Sin embargo, en la “declaración sobre el origen del carbón”, que como requisito del proceso de adjudicación, se entregó a la CFE, Luis Rafael García Acuña manifestó que la concesión se encuentra vigente y a nombre de “Compañía Minera El Pinabete”.
¿Nadie detectó la discrepancia?
Si las autoridades tuvieran la voluntad de fincar responsabilidades a quienes las tienen por esta tragedia minera, hay muchos hilos de los que pueden jalar, pero tal parece que en este, como en tantos otros casos, a lo que se le apuesta es al olvido. A la impunidad.
