Concluyó la consulta en el SNTE para conformar el Pliego Nacional de Demandas, y a decir de la dirigencia magisterial, este ejercicio que se prolongó a lo largo de una semana fue un éxito, pues participaron más de un millón 400 mil trabajadores de la educación, docentes y no docentes, lo que representa una participación récord en las cinco ocasiones en que se ha llevado a cabo.
Y qué bueno que en materia de participación hayan tenido éxito, mucho mejor si también lo tienen a la hora de la negociación con el gobierno federal, que se deberá iniciar el próximo mes de febrero.
La consulta recoge no sólo las demandas en materia salarial, sino también las que tienen que ver con prestaciones económicas y sociales.
Y es precisamente en el tema de las prestaciones donde, según ha trascendido, vuelven a estar sobre la mesa dos temas que inquietan al magisterio y que no han tenido una respuesta: la mejora en los servicios que presta el ISSSTE y la reforma a la ley de este instituto en el tema de pensiones.
Para un número importante de trabajadores de la educación, que cotizan al fondo de pensiones del ISSSTE, el esquema de cuentas individuales que se implementó en la ley de 2007 les perjudicó seriamente, pues al jubilarse reciben cuando mucho el 30% de su último salario, y han estado pugnando porque se les tabule como en otros sistemas con un 70% u 80%.
El tema no es nuevo, lo han planteado desde hace cuando menos cuatro años, pero no han encontrado una respuesta favorable de la cuarta transformación. Promesas sí, pero no hechos.
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Hubo una rápida reacción de la Secretaría de Seguridad Pública ante los señalamientos de que un alumno de una escuela secundaria en Piedras Negras fue agredido por agentes de la Policía Civil, durante un operativo mochila.
Pero tal parece que reaccionó más rápido la SSP que la Fiscalía del Estado, pues con todo y el comunicado de Seguridad Pública de que ya se había iniciado una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades, el coordinador de agentes del Ministerio Público, Santiago Espinoza Eguía, declaró que no habían recibido denuncia, y sin ella no se puede iniciar la carpeta.
Directivos de la institución educativa confirmaron que un alumno fue separado del resto de sus compañeros en el operativo mochila, pues aparentemente admitió haber consumido drogas en alguna ocasión, y al tenerlo en un sitio diferente al del operativo lo golpearon en la cabeza para que dijera a quién le había comprado los estupefacientes.
“Zapes” o golpes, el tema no es menor, y ya se tendría que haber hecho cargo también la Secretaría de Educación Pública, y desde luego presentar esa denuncia que el Ministerio Público está condicionando para iniciar la investigación.
¿Y la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Ni cómo hacerle, su titular anda concentrado en lo socialito y estos hechos y temas parece que no le interesan.
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Este jueves el Tribunal Electoral de Coahuila resolvió que son los órganos internos de Morena y no esa instancia, los que deben atender la inconformidad que hubo por la falta de difusión de la convocatoria de ese partido para postular candidato a la gubernatura.
El litigio fue llevado al Tribunal por los abogados del delegado del Bienestar, Reyes Flores Hurtado, quien sigue metiendo ruido para ver si logra sacar tajada en la repartición de las candidaturas a diputados locales.
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El próximo lunes se cumplen los cuatro meses que un juez federal en Torreón dio a la Fiscalía General de la República para la investigación complementaria en contra de Cristian Solís, a quien imputaron por explotar de manera ilícita la mina “El Pinabete”.
Cristian Solís prestó su nombre para el registro patronal ante el IMSS y ahora está preso en el penal de Mesillas, en Ramos Arizpe, mientras que los beneficiarios de los contratos con la CFE, Luis Rafael García Luna Acuña y Arnulfo Garza Cárdenas, siguen gozando de libertad.
Vamos a ver si la semana próxima la Fiscalía llega o no con elementos sólidos contra el prestanombres.
