Causó revuelo la carta pública firmada por quince exgobernadores en la que piden la “pronta renovación” de la dirigencia nacional del PRI y se suman a las inquietudes que han externado diferentes grupos y corrientes, además de lamentar que se haya rechazado y diferido el diálogo ya pactado con los ex presidentes.
No es que sea muy diferente lo que puntualizan los exgobernadores a lo que ya se ha venido externando por otros actores políticos, lo relevante hoy son precisamente los personajes firmantes, a los que no es común ver tomando parte en estas polémicas. Ahora sí que son de los que hablan poco pero espeso.
Y es que además la pulcritud del pronunciamiento, respetuoso y alejado de estridencias, calificativos o descalificaciones, en suma el tono, da idea de la gravedad de la crisis a que se refieren.
Entre los firmantes está el exgobernador Enrique Martínez, quien siempre se ha mostrado cauto y es enemigo de meter baza en este tipo de asuntos, pero sin embargo ahora se suma, de seguro consciente de que no se puede posponer más un golpe de timón en su partido.
También firma el ex obernador Rogelio Montemayor Seguy, quien bien podría agregarle un posdata al desplegado, escribiendo en mayúsculas ¡SE LOS DIJE! Y es que cuando renunció al PRI en 2019 señaló que el doctor José Narro Robles era la única esperanza de reconstruir al PRI.
Recordemos, Montemayor –como muchos otros– abandonó el PRI denunciando la manipulación en el proceso que llevó a Alejandro Moreno a la dirigencia. En aquel momento se señaló por el propio doctor José Narro que el padrón había sido inflado, en lo que hace unas semanas el propio Rubén Moreira dio la razón.
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Y si de cartas se habla, no menos relevante es la que dirigió al delegado federal Reyes Flores Hurtado el empresario nigropetense, militante de Morena, y amigo del presidente de la República, Mario Dávila Longoria.
Aunque Dávila Longoria erró en el destinatario, y no tardaron en reaccionar las redes sociales, con mensajes tan contundentes como “ese pelado no te arregla ni un nescafé”, o la recomendación de mejor recurrir a la Fiscalía General de la República.
Y es que Dávila Longoria pide investigar la adjudicación de contratos “y recepción amañada de carbón para entregar a CFE”, señalando posibles actos de corrupción y de lavado de dinero.
Además denuncia la desaparición de desechos o lamas, “las cuales pueden haberse surtido a CFE así como carbón de mala calidad que causa graves daños a la planta carboeléctrica I y II”.
Justo el 9 de julio del año pasado publicamos que la entonces alcaldesa electa de Múzquiz, Tania Flores Guerra y su hermano Tony habían comprado 150 mil toneladas de lamas y mixtos para cumplir con los contratos que les adjudicó la CFE.
Algunos de los intermediarios o coyotes que fueron invitados por los Flores Guerra a llevarse una rebanada del pastelote, quisieron defenderlos insistiendo en que las lamas al secarse dejan “carbón de buena calidad”, lo cual ha sido desmentido por especialistas en el tema, quienes advirtieron que el uso de esos residuos dañaría el equipo de las termoeléctricas.
Esto es lo que Dávila Longoria está denunciando y pidiendo investigar. Pero como bien le dijeron en las redes sociales, tendría que llevarlo ante la Fiscalía, o quizá ante la Auditoría Superior de la Federación o la Cámara de Diputados, porque mandarle una carta a Reyes Flores o platicarlo en la fila de las tortillas sirve para lo mismo. Nada.
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Y ya en los temas del carbón, algunos de los productores a los que se les rechazaron sus ofertas en los procedimientos de adjudicación directa para pedidos multianuales por parte de la CFE, están confiados en que habrá una reconsideración y han presentado ya argumentos ante el área de compras de la paraestatal.
Afirman tener evidencia de que fue por fallas técnicas en el portal electrónico de CFE que no se adjuntaron documentos, como los manifiestos de impacto ambiental, pero que tienen todo en regla y no es imputable a ellos la omisión.
Habrá que estar pendientes respecto a lo que resuelva Comisión Federal.
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Nadie duda de la voluntad y el empeño que le pone el delegado del IMSS, doctor Leopoldo Santillán, para lograr que haya un servicio de calidad a la derechohabiencia, pero poco puede hacer el funcionario cuando en otras áreas lo que impera es la desorganización y la indolencia.
Derechohabientes de la institución en Saltillo se han encontrado esta semana con que no se les pueden practicar procedimientos tan básicos como la extracción de una muela porque no se cuenta con anestesia. Si para algo tan elemental y relativamente sencillo no se cuenta con los suministros suficientes, ¿qué será cuando alguien requiere una cirugía mayor? Y esto sí que escapa ya a los alcances del delegado, por mejor voluntad y actitud que haya por su parte.
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Bien haría el médico Juan Antonio Garza García, alcalde de Castaños, en pedir a su secretario del Ayuntamiento que revise la legislación en materia de publicidad, pues tal parece no están enterados que la promoción personal está prohibida y penada. Y es que hay anuncios en la radio, en que se refieren a Garza García por su nombre invitando a jornadas de reclutamiento de personal. No vaya a terminar en un problema, mejor que se asesore.
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