En opinión de algunos, la detención de Ovidio Guzmán en Culiacán nos demuestra de hasta dónde es capaz de llegar el presidente López Obrador con tal de conseguir que Joe Biden aceptara aterrizar el lunes en el aeropuerto Felipe Ángeles.
Pero lo que más debe preocuparnos es hasta dónde es capaz de llegar el cártel al que pertenece Ovidio.
Ya este jueves dieron muestras suficientes de que están dispuestos a escalar a actos terroristas, pues en ese nivel se inscribe el que un avión de pasajeros haya sido alcanzado en los tiroteos, por fortuna antes de despegar.
El terrorismo, según la ONU, implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia. ¿De qué otra manera se puede definir entonces lo ocurrido en Sinaloa, donde se asesinó a militares; se asaltó a ciudadanos y comercios; se robaron autos para incendiarlos y utilizarlos como barricadas en las calles?
Actividades económicas y gubernamentales se tuvieron que suspender, como ocurre en una guerra, para que la población pudiera resguardarse.
La capacidad de fuerza del grupo delictivo ya la pudimos dimensionar en la violenta jornada del jueves, la duda es hasta dónde van a llegar, y qué tanta capacidad hay en un gobierno que ha sido permisivo y tibio para hacerles frente ahora que se acabó la tregua.
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Sesiona hoy la Diputación Permanente del Congreso local, de hecho se abre así formalmente el primer periodo de sesiones de este año, que se prolongará por dos meses, para en marzo dar paso al periodo ordinario.
La Diputación Permanente no puede resolver sobre iniciativas de ley, pero seguramente sí les tocará conocer la notificación de lo que este jueves resolvió la Corte invalidando dos decretos de la reforma electoral aprobada en septiembre del año pasado, con lo que se tiene que regresar a las normas vigentes antes de esa reforma.
Esto tiene varias implicaciones. Primero, a partir de la resolución de la Corte no habrá dos diputaciones plurinominales adicionales, las que se había dispuesto serían para representantes de grupos en condición vulnerable.
Segundo, se elimina la disposición que cancelaba la posibilidad de ser candidatos a los deudores alimentarios y quienes están acusados de violencia familiar o contra la mujer en razón de género.
Y tercero, y esto es lo que más ruido va a generar, se regresa a los topes de campaña a como estaba establecido en nuestra legislación hasta antes de que en septiembre se votara a favor la iniciativa de Claudia Rodríguez Márquez para incrementarlos.
El impacto no es menor, con la reforma se pasó el tope del 25 al 70 por ciento del financiamiento público de campaña para todos los partidos políticos.
Con esa disposición del 70 por ciento, el Instituto Electoral acordó el cuatro de noviembre que cada candidato a gobernador podría gastar hasta 56 millones 540 mil pesos; y cada candidato a diputado local podría gastar hasta 3 millones 533 mil pesos.
Otro punto que se aprobó en la reforma de septiembre del 2022 fue que los topes se fijaran ya no en base a un porcentaje del salario mínimo, sino de la Unidad de Medida y Actualización, disposición que también se cae, y ayuda a que los topes no se desplomen tan drásticamente.
Al regresar al tope anterior, y con el cálculo en función del salario mínimo del 2022, el tope para los candidatos a gobernador sería aproximadamente de 36 millones de pesos, y para los aspirantes a legisladores de dos millones 257 mil pesos.
Aquí el Instituto Electoral tendrá que moverse rápido, pues esto también repercute en los topes para las precampañas, que están por iniciar en ocho días más.
Habrá que ver cómo se lo toman los partidos, y es que al asunto no es menor, Coahuila estaba entre los estados con mayor restricción en los topes. En la elección de 2017 el monto por elector fue de 9.31 pesos, cuando en el Estado de México rondó en los 25.23 pesos.
Si queda en el orden de los 36 millones de pesos el tope en la elección de gobernador, estaríamos en el rango de los 15.39 pesos por elector.
En este asunto el tiempo corre en contra para el Instituto Electoral.
