Sale el dato para quienes llevan registro de cómo se van alineando actores y grupos políticos. En el evento en que este martes se hizo la presentación pública del nuevo plan de estudios para educación básica, el dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, se hizo acompañar de Sonia Rincón Chanona, quien durante algún tiempo fuera su delegada especial en la Sección Quinta, y que hoy encabeza “Fuerza Turquesa”.
“Fuerza Turquesa” es la asociación que recogió los escombros de “Nueva Alianza”, y bajo ese membrete es que se ha dado la participación electoral del gremio magisterial en coalición con Morena.
De hecho Rincón Chanona es diputada federal plurinominal postulada por el partido presidencial.
Cerrando la pinza. Quienes en Coahuila forman parte de esa “Fuerza Turquesa” son los mismos que el fin de semana le organizaron eventos proselitistas al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, y hasta un desplegado le pagaron en periódicos de la Ciudad de México. Se quieren adjudicar y se presentan con las siglas de la Sección 38, que hace años dirigió Cepeda Salas, pero realmente se mueven en esa corriente de Rincón Chanona.
–o—
Al mediodía de este miércoles se cumplen dos semanas de la inundación –la primera— de los pozos en el desarrollo minero “El Pinabete”, y a la fecha no hay ni un escenario claro en la estrategia de rescate, ni tampoco acciones contundentes en contra de los particulares y los servidores públicos responsables de la tragedia.
Está también por cumplirse una semana de que la Fiscalía General de la República informó haber solicitado una audiencia para iniciar la vinculación a proceso de quien aparece como titular del registro patronal ante el IMSS.
Un día después de que la Fiscalía informó eso, el presidente López Obrador declaró que hubo “plan con maña” y se utilizó a alguien para registrar a los trabajadores y que no hubiera consecuencias para los concesionarios del yacimiento de carbón.
Pues hasta ahora nada se sabe de la vinculación a proceso de quien para las autoridades es el patrón, ni de nuevas investigaciones para fincar responsabilidades penales a quienes urdieron ese “plan con maña” que denunció el presidente.
De ese tamaño los intereses en juego, ni una denuncia presidencial pone fin a la impunidad.
Y ya que estamos en el tema de las tragedias mineras, quien sumó su posicionamiento al tema es el diputado federal Rubén Moreira, que como coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro, en un comunicado demandó que el Senado dé continuidad a la reforma aprobada desde 2013 en la Cámara de Diputados para prohibir el trabajo en los “pocitos”.
En su comunicado, Rubén Moreira recuerda que las iniciativas para esa reforma a la Ley Federal del Trabajo fueron presentadas por los entonces diputados federales Adolfo Bonilla Gómez, Manlio Fabio Beltrones Rivera y Jesús Murillo Karam, del Grupo Parlamentario del PRI, así como por los panistas Mario Alberto Dávila Delgado, José Guillermo Anaya Llamas, Esther Quintana Salinas y Marcelo de Jesús Torres Cofiño.
Lo que no menciona el diputado priísta es que cuando se discutió la reforma, dos diputados de Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde Luján y Ricardo Mejía Berdeja, en tribuna pronunciaron encendidos discursos hablando de los peligros en los “pocitos”, de las condiciones de inseguridad y explotación, pero en el momento de la votación lo hicieron a favor en lo general, pero en contra de los artículos que prohibían expresamente esta actividad.
Alcalde y Mejía también votaron en su momento en contra de la reforma que obligaba a implementar el registro de trabajadores para conocer en tiempo real, y en cualquier momento, los nombres de todas las personas que se encuentran en la mina, así como la ubicación de las mismas. Ese registro, tan importante, en “El Pinabete” no existió.
También votaron en contra de la reforma que establecía para los titulares de las concesiones mineras la obligación de cerciorarse de que el patrón cumpliera con todas sus obligaciones, y los hacía solidariamente responsables en caso de accidentes. Si esta previsión estuviera en vigor, de poco serviría a los concesionarios de “El Pinabete” usar un prestanombres para el registro patronal.
En contra los hoy funcionarios federales votaron de establecer penas de prisión y multa para quienes omitan las medidas de seguridad previstas en la normatividad.
Tiene razón Rubén Moreira, una reforma de esos alcances no puede seguir en la congeladora del Senado.
Dice en su comunicado: “Es urgente que se vote esa minuta, sólo falta eso para prohibir los pocitos y salvar gente”.
Pero también le tocará responder al hoy diputado, qué hizo de 2011 a 2017 para generar en la Región Carbonífera condiciones para una reconversión productiva y oportunidades para que los mineros tengan un empleo digno sin tener que arriesgar su vida en un peligroso “pocito”, porque si trabajan ahí no es por gusto, sino por necesidad y falta de opciones.
