Dos de las comisiones del órgano electoral aprobaron un proyecto de acuerdo que todavía debe pasar por el Consejo General para ordenar a los partidos políticos establecer reglas claras que garanticen la paridad en la postulación de sus candidaturas a partir de los comicios de 2023 en Coahuila y Estado de México.
Esto llevaría a que en cuando menos un estado postule a candidata mujer, pero también les advierten que deberá de ser en el estado en que sean más competitivos, un criterio subjetivo que, de aprobarse, llevará seguramente a que el tema se dirima en Tribunales.
Sin haberse iniciado aun formalmente los procesos electorales en esos dos estados, la propia autoridad va generando un desgaste innecesario.
Y así las cosas, quedan entonces varias instancias por recorrer y recursos por utilizar para que los partidos definan cómo irán a la competencia del 2023.
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Pero ya que se habla del proceso que tendremos el año próximo en Coahuila, resulta interesante como cuadros destacados del panismo van definiendo posturas públicas respecto a una eventual alianza con el PRI.
Juan Antonio García Villa, sin duda uno de los panistas de mayor trayectoria en la entidad, escribió en una colaboración periodística el fin de semana que las diferencias en las posiciones doctrinales, son salvables si los partidos logran ponerse de acuerdo en una plataforma legislativa y agenda de políticas públicas parcialmente comunes.
Sabe de lo que habla, recordemos que en 1999 García Villa fue postulado a la gubernatura por el PAN, el PRD, el PT y el Partido Verde. Representó a los extremos, ahí había esas posiciones doctrinales radicalmente distintas y lograron ponerse de acuerdo.
Pero también emplaza García Villa, “si el PRI pretende hacer alianza, debe estar dispuesto a entonar y en voz muy alta su mea culpa, admitir sin regateos sus errores de todo tipo, y demostrar con hechos -precisos y verificables- su verdadero propósito de enmienda”.
Sin duda la mejor manifestación, clara y contundente, por parte del PRI de que entiende el momento y lo que se espera de él, es estar proyectando desde ahora para la gubernatura a un perfil que no únicamente es fresco, sino además sano, con solvencia moral, y acreditada experiencia en el servicio público.
Otros panistas expresan con mayor pragmatismo su anuencia hacia la alianza, como Sergio Borja Castillo ex diputado local y ex dirigente de Acción Nacional en Piedras Negras.
“Antes de pensar en los partidos hay que pensar lo que conviene a los coahuilenses”, dijo Borja en una entrevista, en la que además habló de la necesidad mutua entre PAN y PRI ante el crecimiento de Morena. “Sumando voluntades se dan resultados”, dijo.
También destacó: “Ni en el PAN estamos todos los buenos, ni en el PRI están todos los malos”.
Son expresiones que a título personal han hecho estos personajes, pero que de alguna manera reflejan el sentir de la militancia panista.
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En temas más locales, el Colegio Americano de Saltillo cerró el ciclo escolar con la incorporación de un nuevo grupo inversionista, Affinitas.
El Colegio Americano es un proyecto que nació en 1978 producto de la visión de las familias García Martínez, Dewey Aguirre y González García, y se consolidó como una institución de gran prestigio.
En 2016 el Grupo Sendica se asoció con la señora Irela Martínez de García y con la familia de Higinio González Calderón, mientras que la familia Dewey retiró su participación.
Ahora Sendica y los inversionistas locales suman a Affinitas, empresa de capital mexicano que participa en diversos rubros, y que llegan con el compromiso de impulsar mejoras en infraestructura, tecnología y desarrollo académico.
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Familia Pasta de Conchos llevó ante la Organización Internacional del Trabajo los casos de los accidentes en Rancherías y Obayos, ocurridos en junio y septiembre del año anterior, y el organismo ha admitido los recursos y un comité de expertos abrirá una investigación.
No paran ahí las cosas, se está preparando un informe también para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el planteamiento de que estos accidentes demuestran que el gobierno mexicano ha incumplido con las medidas de no repetición que se le indicaron en una recomendación en relación con Pasta de Conchos y que López Obrador se comprometió a acatar.
En el procedimiento con la OIT, un siguiente paso sería que el organismo promueva un acuerdo entre el Estado Mexicano y los demandantes, pero se antoja difícil pueda lograrse dicho acuerdo, toda vez que los demandantes en estos nuevos casos son los mismos que llevaron ante la CIDH el de Pasta de Conchos, y están inconformes porque ni Gobernación ni la Secretaría del Trabajo han cumplido con los compromisos, ignoran a las víctimas y generan división con tal de impulsar proyectos que definieron sin consenso.
Quienes se preocupan por la seguridad de los trabajadores mineros no han encontrado voluntad ni compromiso del gobierno mexicano y por eso tienen que ir a tocar puertas a organismos internacionales.
