El modelo que ha implementado este sexenio la Comisión Federal de Electricidad para asignar los contratos de abastecimiento de carbón ha llevado, como lo hemos señalado antes, a la precarización de la minería, una situación con diversas implicaciones.
En el pasado nos hemos referido a que el precio tan bajo que paga CFE por el mineral de la Región Carbonífera, y el supuesto sentido social de privilegiar a pequeños y medianos productores, ha llevado a que la actividad se desarrolle principalmente en explotaciones mineras improvisadas, donde no se cumple con las más elementales medidas de seguridad.
Hay sin embargo otras implicaciones, que señalan empresarios vinculados a la actividad y que conocen el tema de primera mano.
La operación de las termoeléctricas de CFE en Nava es mínima, por las malas condiciones físicas en que se encuentran las plantas —con varias de las ocho turbinas sin posibilidad productiva— y por los criterios que ha marcado la Comisión para privilegiar otras fuentes de abasto. Esto conlleva que los requerimientos de carbón sean menores.
Y si la Comisión compra menos carbón, pero además entrega los más grandes pedidos a una sola familia por intereses políticos, y los remanentes los asigna —en su modelo clientelar— a pequeños productores, entonces deja fuera del negocio a las minas más grandes y tecnificadas.
Estas minas se ven entonces obligadas a hacer reajustes de personal, y eso ha significado no únicamente que haya cientos de mineros sin empleo, sino que también ha llevado a que la mano de obra más calificada emigre en busca de oportunidades laborales, y sustento para sus familias.
Los mineros de la Carbonífera que tienen experiencia y saben manejar maquinaria, encuentran empleo en las minas que están extrayendo carbón en Texas, entonces son muchos los que han emigrado, con el impacto social que ello representa y el significado que tiene también para la región perder su mano de obra calificada.
Todas estas implicaciones no se valoran ni tienen en cuenta en el modelo arrebatado que sigue este gobierno en asuntos de todo tipo.
Y a propósito de la Carbonífera, se afirma que están por concretarse dos nuevos proyectos con capital chino, uno que tiene que ver con la expansión de una planta ya instalada, y el otro con la llegada de una nueva firma.
Son en ambos casos del sector maquilador.
El secretario de Economía, Claudio Bres, debería aprovechar ese interés que hay por la región para promover y buscar inversionistas para proyectos mayores, como el que se ha propuesto de una carboquímica para seguir explotando la riqueza del subsuelo y darle valor agregado.
En otros temas, en donde han dejado ver que eso de la planeación no es su fuerte es en la Universidad Antonio Narro, cuyos directivos se quisieron ver muy creativos a la hora de diseñar el modelo de retorno presencial a las aulas, pero ya en la práctica no les funcionó.
Buscando un menor aforo en las aulas, decidieron dividir el semestre en dos lapsos, uno anterior y otro posterior a la Semana Santa, en el anterior llevarían clases presenciales los alumnos con apellidos de la A a la K, y posteriormente de la L a la Z.
Casi le atinan a la mitad del abecedario para armar los grupos, pero eso no refleja la realidad, que resultó en que son muchos los del primer segmento y muy pocos los del segundo. Actualmente hay clases que se imparten con cuatro alumnos, por ejemplo.
¿No hubiera sido más sencillo, y preciso, dividirlos por matrícula par e impar?.
En el norte de la entidad una empresa está buscando autorización para abrir una nueva explotación de material pétreo en un predio conocido como “Agua Azul” al noroeste de Piedras Negras.
De acuerdo con el manifiesto de impacto ambiental proyectan en un plazo de diez años extraer material de un polígono de poco menos de quince hectáreas, aunque el predio tiene casi mil cuatrocientas hectáreas.
Sería interesante conocer lo que al respecto tengan que decir los grupos ambientalistas que en Piedras Negras llevan años denunciando la devastación del río San Rodrigo, pugnando por un freno a las explotaciones de material pétreo y exigiendo que se cumpla con las medidas de remediación y mitigación.
Y no se puede dejar de señalar que la regulación y vigilancia de este tipo de explotaciones corre a cargo de la Comisión Nacional del Agua que en la entidad no tiene ni personal ni recursos para cumplir con esa facultad legal.
Basta con ver cómo de manera impune sigue operando una explotación que hace un par de años se instaló en un arroyo aledaño a Los Chorros, en la carretera a Los Lirios, y entre algunos de los pocos empleados que tiene CNA en la entidad se comenta con mucha seguridad que no hay permiso de operación, pero que seguramente el único inspector de la dependencia está bien enterado del asunto, y “debidamente arreglado”.
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