La defensa del ‘expresident’ lleva semanas estudiando cómo acelerar la intervención del Constitucional si entra en la cárcel de forma preventiva
El anuncio de la vuelta a España de Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, abre un escenario rodeado de incógnitas. Junts y otros colectivos independentistas han convocado concentraciones para “recibir” este jueves al dirigente secesionista, que ha permanecido casi siete años huido de la justicia y que insiste en que acudirá a la sesión de investidura del socialista Salvador Illa, convocada a las 10.00. De confirmarse su regreso, Puigdemont provocará un verdadero terremoto político, pero también jurídico. Sobre él pesa una orden de arresto nacional dictada por el Tribunal Supremo, que ha rechazado aplicarle la amnistía; y, por tanto, nadie descarta la posibilidad de que se decrete su ingreso en prisión provisional.
La posible detención. Con la orden de arresto vigente, cualquier cuerpo de seguridad de España (como los Mossos, Policía Nacional o Guardia Civil) tiene la obligación de detener a Puigdemont en el caso de detectar su presencia. Así que la primera incógnita es dónde se produciría el arresto. Según confirman fuentes policiales y de la defensa del expresident, los Mossos le ofrecieron una detención pactada y discreta, pero él la rechazó. La Policía catalana ha desplegado diversos efectivos por la frontera con Francia, aunque centra sus esfuerzos en el centro de Barcelona para impedir su acceso al Parlament, en el caso de que irrumpa en la ciudad este jueves y trate de entrar al Hemiciclo, del que forma parte como diputado electo tras las elecciones catalanas del 12 de mayo.
