Javier Villarreal, el «cerebro financiero» de Coahuila en el sexenio 2005-2011, se ha convertido en la némesis del «moreirato». Sus declaraciones en la corte federal de Brooklyn, en el caso García Luna, levantaron ampolla en los círculos políticos del estado, particularmente entre los miembros del clan y sus satélites. Al igual que el exgobernador interino Jorge Torres López, Villarreal era peón y como tal acataban las órdenes de sus jefes (Humberto y Rubén Moreira). De acuerdo con una nota periodística, el exsecretario de Finanzas, «detalló que los actos de corrupción generaron aproximadamente USD 200 millones, de dicha cantidad, 40 millones habrían sido destinados a Humberto Moreira» (Infobae, 06.02.23). Moreira ha rechazado siempre las acusaciones y esta vez no es la excepción.
Villarreal, quien espera sentencia después de reconocer su culpabilidad por lavado de dinero en Estados Unidos y de entregar propiedades y dinero por 30 millones de dólares, habló también de cómo en el Gobierno de la Gente «se desviaron recursos públicos para financiar campañas políticas y la compra de bienes inmuebles (en Coahuila, Morelos y Ciudad de México) y para sobornar a medios de comunicación que realizaban una cobertura negativa del entonces gobernador priista» (Reforma, 07-02.23). También ha denunciado el desvío de fondos estatales para adquirir emisoras de radio y televisión e incluso periódicos en diferentes regiones del estado, lo cual es un secreto a voces.
El tema formará parte de la agenda electoral de este año. El candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, no podrá eludirlo, pues se colocaría en una situación difícil frente a un electorado exigente respuestas y castigo para los responsables del quebranto. Crítico acérrimo de los Moreira en otro tiempo, Armando Guadiana se olvidó olímpicamente de la megadeuda y de la corrupción denunciadas por él desde la esfera ciudadana. En lugar de aprovechar su posición en el Senado para demandar una investigación sobre las presuntas irregularidades, el candidato de Morena a la gubernatura abandonó la causa. Villarreal le dio a Ricardo Mejía, propuesto por el Partido del Trabajo, nuevas armas para incitar al voto de castigo.
Desde que el escándalo de la deuda explotó en 2011 a día de hoy, no existe un solo detenido. Tampoco hay investigaciones por el desvío de 680 millones de pesos a empresas fantasmas en los cuatro últimos años de la administración de Rubén Moreira (Border Hub News, 07.07.20). Las denuncias de la Auditoría Superior del Estado se encuentran congeladas. Mientras el Sistema Anticorrupción de Coahuila sea controlado por incondicionales del clan y sus adláteres en el Tribunal Superior de Justicia del Estado le cuiden las espaldas, las posibilidades de hacer justicia serán nulas.
Javier Villarreal se declaró culpable de lavado de dinero en 2015 ante la Corte del Distrito Oeste de San Antonio, Texas. La sentencia contra el exsecretario de Finanzas se ha pospuesto indefinidamente. Por de pronto, se ha convertido en una fuente valiosa para los fiscales de Estados Unidos. La denuncia sobre los supuestos sobornos de García Luna al periódico El Universal, con la participación de Humberto Moreira, pone de relieve la relación prensa-Gobierno y aumenta la presión para que la corrupción en Coahuila sea investigada. La prensa nacional y extranjera ha vuelto a poner a los Moreira en el ojo del huracán. La voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción vuelve a estar a prueba. La espada de Damocles penderá sobre los autores del «moreirazo» y de sus cómplices mientras no haya justicia.
