La corrupción pública y privada sostiene a Gobiernos de todas las tendencias políticas e ideológicas, pero es difícil extirparla, pues las autoridades y las élites se protegen mutuamente. Países como Perú le dan clases al nuestro. Ocho de sus presidentes, desde Alberto Fujimori hasta Martín Vizcarra, fueron destituidos y puestos entre rejas por delitos de corrupción e «incapacidad moral». Alan García, quien ocupó el cargo en dos ocasiones, se suicidó antes de ser enviado a prisión por el caso Odebrecht. En México ningún presidente ha pisado la cárcel. Prefieren exiliarse, de preferencia en España, donde actualmente radican Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y exlíder del PRI, fue detenido en uno de sus viajes a Madrid por la Policía Nacional en una operación contra el blanqueo de capitales. El periódico El País identificó así al personaje: «Durante su Gobierno, Coahuila sufrió un incremento de la violencia del crimen organizado y se convirtió en feudo de Los Zetas, un cártel formado por exmilitares de élite. (…) La detención en España de Moreira supone un avance trascendental en el proceso abierto en Texas por el supuesto robo multimillonario de fondos en Coahuila y encamina hacia el banquillo al que fuera uno de los “príncipes” del PRI» (15.01.16). Gracias a Peña Nieto, Moreira pasó solo ocho días en el penal de Soto del Real, pero su caso en Estados Unidos sigue abierto.
La venalidad y la no rendición de cuentas tienen repercusiones en todo el mundo. Transparencia Internacional (TI) cita la invasión rusa de Ucrania. «En Rusia (con 28 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2022), los cleptócratas han acumulado fortunas inmensas prometiendo lealtad al presidente Vladímir Putin a cambio de obtener contratos lucrativos con el Gobierno y de que se protejan sus intereses económicos». (En México el modelo se aplicó durante el periodo neoliberal, según ha denunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador.) TI advierte sobre el caso: «La ausencia de frenos al poder de Putin le permitió intentar conseguir ambiciones geopolíticas con impunidad». El ataque a Ucrania «desestabilizó al continente europeo, puso en riesgo la democracia y se cobró decenas de vidas humanas».
En Brasil la democracia se reinstauró en 1990, después de casi 20 años de dictadura militar, con la elección del derechista Fernando Collor de Mello. También pasó a la historia por haber sido el primer jefe de Estado de América Latina sometido a juicio político por corrupción. Al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se le encarceló por delitos fabricados. Absuelto en 2021, volvió al poder luego de vencer al ultraconservador Jair Bolsonaro, quien desconoció el resultado. El Tribunal Supremo Electoral lo inhabilitó para ejercer cargos públicos hasta 2030. Dilma Rousseff dimitió a la presidencia por acusaciones sin sustento. En su informe 2022, TI dice sobre el gigante sudamericano:
«La combinación de corrupción, autoritarismo y desaceleración económica ha resultado ser especialmente volátil en Brasil (39), donde el mandato del presidente Jair Bolsonaro estuvo marcado por el desmantelamiento de los marcos contra la corrupción, el uso de maniobras corruptas para favorecer a aliados políticos y acumular apoyo político en la legislatura, desinformación y ataques al espacio cívico. En enero, tras la derrota de Bolsonaro como candidato para la reelección, sus partidarios lanzaron un ataque violento contra el Parlamento, el Supremo Tribunal y el palacio presidencial, pusieron en riesgo la vida de policías y periodistas y vandalizaron edificios, con el objeto de perturbar la transición pacífica del poder al presidente recientemente elegido, Luiz Inácio Lula da Silva».
