Tras 13 años de conflicto laboral y disputas en los tribunales hay acuerdo para el regreso de Mexicana de Aviación. Mientras, se espera que unos seis mil exempleados reciban indemnizaciones y pensiones pendientes.
Trece años después de su desaparición, la cuarta aerolínea más antigua del mundo está de regreso. Tras semanas de especulaciones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que el ejecutivo había llegado a un acuerdo para comprar la marca «Mexicana de Aviación». Y todo gracias a una decisión judicial de última hora.
El pasado fin de semana, y después que expirara el ultimátum del Gobierno, un tribunal laboral de Ciudad de México revocó el amparo solicitado por un grupo de 220 sobrecargos jubilados de la aerolínea y que iba en contra de la venta de los bienes de la compañía y los derechos de marca de la misma, despejando finalmente el camino para su regreso. Se espera que el 1 de diciembre despegue la nueva aerolínea con este histórico nombre y que sea operada por el Ministerio de Defensa.
«Es una buena noticia», dijo el presidente López Obrador sobre el fallo. «Ya se resolvió, faltan otros trámites, pero estamos contentos, creo que también los trabajadores, porque van a recibir un pago».
El Gobierno había hecho una propuesta a principios de año para comprar la marca Mexicana de Aviación, un centro de entrenamiento, un simulador de vuelo y dos edificios (en Guadalajara y Ciudad de México) por 817 millones de pesos (unos 43,5 millones de euros), una cantidad inferior al 10% de lo que los extrabajadores de la aerolínea tenían derecho, pero que igualmente los sindicatos aceptaron. Entonces un pequeño grupo de jubilados se opuso e intentó hacer cumplir un laudo arbitral obtenido hace años, el cual les había concedido el pago de unos 400 millones de pesos (21 millones de euros) con fondos procedentes de la masa de la quiebra de la aerolínea, lo que habría significado que los otros más de 6.000 antiguos empleados habrían tenido que compartir los 417 millones de pesos restantes, con la probable consecuencia de más procedimientos judiciales.