El rescate más oneroso y controvertido en la historia del país fue el que liberó a banqueros y grandes empresarios —con vínculos políticos al más alto nivel— de pasivos por 687 mil 844 millones de pesos, que el Gobierno federal asumió y convirtió en deuda pública, la cual, según la presidenta Claudia Sheinbaum, es impagable. El mecanismo empezó a operar como Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en la administración de Carlos Salinas de Gortari, y en 1999 Ernesto Zedillo lo transformó en Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).
Trasladar la deuda de los bancos al Estado requería la aprobación del Congreso por mayoría calificada. El obstáculo se salvó en la sesión del 12 de diciembre de 1998 con 226 votos del PRI y 99 del PAN. Los 158 diputados del PRD votaron en contra, y lo mismo hicieron 11 panistas —inconformes con el dictamen—, seis del PT, cinco del Partido Verde y otros tantos sin partido. «La alianza PRIAN ha existido desde el inicio del neoliberalismo», declaró la presidenta Sheinbaum en la rueda de prensa del 7 de septiembre, donde abordó de soslayo el caso del Fobaproa. Sin embargo, ofreció dedicar al tema «una mañanera completa».
Dos días después, durante la presentación del Paquete Económico 2027, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, informó que en los 27 últimos años el IPAB ha absorbido casi 1.6 billones de pesos, solo de intereses, sin amortizar «un solo peso» de capital, cuyo monto actual asciende a 1.1 billones de pesos. La parte nominal y el principal de los bonos se refinancia con más deuda, dijo el funcionario. Asimismo, advirtió que la proporción que los bancos pagan de intereses al IPAB dejará de ser deducible a partir del año próximo. La medida permitirá captar alrededor de 10 mil millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
En los informes estatales que presentó con motivo de su segundo año de Gobierno, la presidenta Sheinbaum enjuició a los presidentes del periodo neoliberal, comprendidos entre Miguel de la Madrid y Enrique Peña, incluidos Vicente Fox y Felipe Calderón. La tecnocracia y la oligarquía que engendró alteraron los equilibrios sociales y políticos. «Cuando Salinas de Gortari llegó al Gobierno en 1988 solamente había una familia mexicana en la lista de millonarios del mundo (los Garza Sada, según la revista Forbes)». Seis años después ya eran 40, comentó la presidenta el 4 de septiembre en Zacatecas.
«¿Saben quiénes eran esas familias?» —preguntó—. La respuesta la dio ella misma: «A quienes les vendieron las empresas públicas, las empresas del
pueblo de México». Una revisión de la lista de Forbes de 1994 revela que la cifra real era de 24 mexicanos, entre los que destacan Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Alejo Peralta, Ricardo Salinas Pliego, Alfredo Harp y Roberto Hernández. También figuraban Jorge Larrea, Alberto Baillères, Lorenzo Zambrano y Roberto González Barrera. Alonso Ancira no alcanzó esos niveles, pero su cercanía con Salinas de Gortari bastó para tomar el control de Altos Hornos de México (AHMSA), la acería más importante del país cuya quiebra provocó después de exprimirla.
El «rey de acero» fue detenido en 2019 en Mallorca, España, y extraditado a México en 2021. La Fiscalía General de la República lo acusó de lavado de dinero por vender a Pemex el complejo petroquímico Agronitrogenados —antiguo fabricante de fertilizantes y otros insumos agrícolas— en condiciones leoninas. La planta era chatarra, pues tenía 14 años fuera de servicio, y aun así se pagaron por ella 275 millones de dólares, un sobreprecio de 216.6 mdd con respecto al valor de una planta nueva (58 mdd). Ancira salió de prisión después de firmar un convenio reparatorio con el Gobierno federal por 216.6 mdd, de los cuales ha entregado 104 mdd. Los 112 mdd restantes debió pagarlos en noviembre de 2023, pero no lo hizo. Desde entonces radica en San Antonio, Texas, pero la espada de Damocles no ha dejado de pender sobre su cabeza.
