El Gobierno del estado tomó la decisión sensata de no subir impuestos ni crear nuevos tributos en 2023. Aumentar el Impuesto Sobre Nóminas del 2 al 3%, como se había planeado, habría significado un golpe para las empresas que aún no se reponen del todo de los efectos de la pandemia de COVID-19. Los cierres de negocios y despidos generaron presiones todavía no superadas y la brecha social se profundizó. Por tanto, la población tampoco estaba en condiciones de aportar más al erario. Menos cuando la inflación reduce el poder adquisitivo y los salarios no alcanzan a cubrir las necesidades, pese a que en el presente sexenio los aumentos han estado por encima de la tasa inflacionaria.
La administración de Miguel Riquelme lidia desde hace cuatro años con un presidente cuya política hacia los estados ha variado con respecto a la de sus predecesores. Tener mayoría en el Congreso le permite a Andrés Manuel López Obrador distribuir el gasto según sus prioridades. Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, por encabezar Gobiernos divididos, cedieron ante los mandatarios estatales y crearon fondos para apoyar a las regiones. Sin embargo, en muchos casos los recursos se invirtieron en obras caprichosas, en proyectos distintos o simplemente se desviaron.
Los estados resienten los rigores de la 4T, pues, excepto Tlaxcala, arrastran deudas asumidas por administraciones precedentes. Ante esa situación y lo inapropiado de elevar la carga fiscal, un grupo de gobernadores pretendió doblegar a la federación a base de presiones políticas. El bloque amagó con abandonar el pacto fiscal, pero no convenció al resto de los ejecutivos, aun cuando la mayoría pertenecían al PRI y al PAN. Morena tiene hoy también el control de los estados, pues gobierna 22 y podría subir a 24 si sus candidatos ganan Coahuila y Estado de México el año próximo.
No todos los Gobiernos afrontan el mismo agobio por las deudas, ni las asumieron de manera irresponsable, sin autorización del Congreso ni informar de su destino como ocurrió en Coahuila durante el «moreirato». Los estados con mejor rendición de cuentas y pasivos manejables pueden desarrollar infraestructura y atender las demandas de salud, educación, seguridad y servicios públicos. En cambio, las entidades que dedican una parte sustancial del presupuesto al servicio de la deuda pierden competitividad y el bienestar social disminuye.
En el caso de Coahuila, al factor económico para no subir impuestos se suma otro igualmente sensible: el electoral. El Gobierno no puede castigar fiscalmente a la ciudadanía y pedirle su voto al mismo tiempo. Menos aun para un gravamen improductivo como es la deuda. Este año se dedicarán más de 5 mil millones de pesos para el pago de intereses, lo cual equivale casi al 10% del presupuesto. Esa resta de recursos priva al estado de obras necesarias para el desarrollo y la atención de requerimientos inaplazables. También le impide al Gobierno cumplir compromisos pospuestos con los maestros, pensionados y otros sectores.
La situación no variará con el cambio de Gobierno el año próximo, si el PRI conserva el poder o hay alternancia. A menos que se abra el expediente de la deuda, se presenten las demandas correspondientes y se recupere una parte del dinero desviado para fabricar fortunas e invertir en fraccionamientos, medios de comunicación y otros negocios. Mientras tal cosa no ocurra, la ciudadanía se resistirá a soportar nuevas cargas fiscales. La administración saliente no tiene otra opción más que mantener la disciplina y ser más eficiente en la recaudación.
