La actual crisis de despidos masivos en Coahuila no es un fenómeno fortuito, sino la consecuencia directa de una visión económica cortoplacista heredada de las administraciones de Rubén Moreira y Miguel Riquelme. Durante estos periodos, la promoción económica se centró en el volumen de contrataciones y no en la calidad ni en la resiliencia de las mismas, priorizando indicadores superficiales sobre la estabilidad a largo plazo.
El modelo implementado careció de sustentabilidad y de una verdadera planeación estratégica. Se privilegió la apertura de parques industriales con nulo compromiso ambiental y, lo más grave, se fomentó una dependencia excesiva de sectores específicos, principalmente en la Región Sureste. Esta nula diversificación económica ha dejado a la zona vulnerable ante los vaivenes del mercado global; al apostar casi exclusivamente por la manufactura de bajo valor agregado y salarios limitados, las familias coahuilenses quedaron expuestas a la precariedad actual.
Hoy, la «implosión laboral» evidencia que las medallas que se colgaron los gobiernos anteriores por la generación de empleo fueron construidas sobre bases endebles. La falta de visión para atraer industrias de mayor tecnología y mejores salarios, sumada a una infraestructura industrial que ignoró el entorno, se traduce ahora en un problema estructural que las actuales autoridades y la sociedad civil deben enfrentar tras años de improvisación política.
