El gobierno de Estados Unidos impuso una medida del 20.91% al jitomate mexicano, la cual el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, aclaró que no se trata de un arancel, sino de una investigación por presunto dumping. El funcionario defendió las prácticas de los productores mexicanos y advirtió sobre el impacto en los precios para los consumidores estadounidenses. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la falta de comunicación por parte de Washington sobre esta medida.
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, desmintió que la reciente medida impuesta por Estados Unidos del 20.91% al jitomate mexicano corresponda a un arancel. En cambio, explicó que se trata de una investigación de dumping, una acusación de «hacer trampa» al vender productos por debajo de su costo de producción.
Berdegué Sacristán señaló que las exportaciones mexicanas de jitomate han estado bajo la lupa desde 1996, reguladas por un acuerdo de suspensión tras una investigación antidumping iniciada por productores de Florida. «Los productores de Florida nos han acusado, en nuestra opinión sin razón, de que los productores mexicanos venden sus tomates en Estados Unidos por debajo de los costos; lo cual no es cierto pero llevan décadas en esa historia», afirmó el secretario. A lo largo de los últimos 30 años, se han negociado cinco acuerdos para suspender esta investigación.
A pesar de la medida y la presión, el titular de la SADER se mostró optimista sobre la posibilidad de alcanzar un nuevo acuerdo, recordando que una situación similar ocurrió hace seis años y se logró suspender la aplicación de la medida anualmente. Advirtió que el 90% de los tomates que importa Estados Unidos son de origen mexicano, representando el 60% del consumo total. «Cuál será la consecuencia? Que sus tomates van a ser más caros y por lo tanto sus ensaladas, su cátsup y todo», declaró.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó la falta de comunicación del gobierno estadounidense sobre esta medida. Desde Palacio Nacional, detalló que no hubo notificación previa a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a la Secretaría de Economía ni a la propia SADER.
