Los gobernadores de oposición son ahora tan pocos que ni juntos completan los 10 de la extinta Alianza Federalista formada para presionar al presidente Andrés Manuel López Obrador. El propósito del bloque era ganar protagonismo y proyectar a una figura para la sucesión de este año. Hoy, sin fuerza ni liderazgo, el único camino transitable a la vista es el de la cooperación. Explorar uno distinto sería políticamente suicida y el costo lo pagarían los estados. El PAN y el PRI salieron más debilitados que nunca de una elección presidencial, y sus dirigencias afrontan presiones para reformarse, democratizar sus procesos, romper su alianza e incluso cambiar de nombre.
Los tiempos en los cuales el PRI reunía a la clase política del país, colmaba plazas, calles y auditorios, pertenecen al pasado. Tras dos sexenios fuera del poder, los mexicanos le dieron una nueva oportunidad en 2012 y lo reinstalaron en Los Pinos, pero sus cúpulas la tiraron por la borda. La mercadotecnia que encumbró a Enrique Peña Nieto no pudo, pese al gasto de 60 mil millones de pesos en imagen, ocultar su incompetencia y menos aún la corrupción de un Gobierno frívolo y elusivo. Peña ostenta el título de peor presidente. Con un rechazo del 80% era imposible conservar el poder.
Los gobernadores del PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y PRI perdieron la elección presidencial en sus estados, salvo María Teresa Jiménez (Aguascalientes). Por efecto dominó, también fueron derrotados en las votaciones para el Senado, pues de 64 escaños de mayoría relativa solo obtuvieron cuatro, en Querétaro y Aguascalientes. El PRI no ganó uno solo de los 300 distritos electorales; el PAN, apenas tres y el PRD, ninguno. Sin embargo, juntos rescataron 39. El frente Morena-PT-Verde se hizo con 219. La votación del PRI bajó 1.9 millones de votos con respecto a la elección presidencial de 2018. El PAN se mantuvo en el rango de los nueve millones, y MC sextuplicó la suya al pasar de uno a 6.2 millones de papeletas, mayor a la del PRI (5.7 millones).
Manolo Jiménez, gobernador del estado más importante en manos del PRI (Durango es el otro), entiende la gravedad de la situación. Su partido está en un callejón sin salida. Además, Coahuila es la única entidad donde no ha habido alternancia, lo cual, a estas alturas, es un anacronismo. «La primera pregunta que nos tenemos que hacer es hacia dónde queremos que vaya (el PRI), si queremos que siga o que se recuperen las posiciones y gane elecciones en el corto, mediano y largo plazo, o si lo que están buscando es administrar lo que ya existe. A partir de eso se tienen que tomar decisiones para poder hacer los ajustes necesarios», declaró un mes después de la debacle de junio (Zócalo Saltillo, 02.07.24).
El PRI estatal no puede evadir la realidad, sino emprender cambios para intentar, al menos, mantenerse a flote. Empero, la presión de Morena y sus aliados aumentará a medida que transcurra el calendario. «Administrar lo que ya existe» no es opción, pues en el contexto nacional es poco, y si no se toman decisiones proporcionales a la crisis, también podría perderse. Jiménez ha dejado abierta la posibilidad de una reestructuración del PRI mediante estrategias nuevas. «Cambiar lo que sea necesario» tiene un propósito: conservar el poder a toda costa. En 2026 se elegirá al próximo Congreso. El PRI tiene en la actual legislatura 10 diputados de 19. Coahuila está desde ahora en el punto de mira de Morena.
