Nueva reforma busca enmendar vacíos de la elección judicial
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para reestructurar el modelo de elección popular del Poder Judicial. El proyecto, diseñado para avanzar en un periodo extraordinario, conserva el principio de elección por voto ciudadano impulsado en 2024, pero introduce modificaciones profundas en sus reglas operativas, plazos y estructura interna para mitigar fallas metodológicas y la complejidad electoral observada en los procesos previos.
La propuesta técnica busca simplificar las jornadas de votación, centralizar criterios de evaluación y devolver a la Suprema Corte esquemas de funcionamiento previos encaminados a optimizar la eficiencia institucional.
Puntos clave de la iniciativa presidencial
- Aplazamiento electoral a 2028: La próxima elección de jueces, magistrados y ministros se posterga de 2027 a 2028, haciéndola coincidir con los comicios presidenciales. La medida busca evitar el desbordamiento operativo de las autoridades electorales al organizar dos procesos masivos consecutivos.
- Simplificación de boletas: Se reduce el número de aspirantes mediante filtros de Comités de Evaluación, que seleccionarán a los cuatro mejores perfiles por cargo para luego insacular de manera pública hasta dejar solo dos candidaturas definitivas por posición. Cada ciudadano votará por un único candidato por especialidad.
- Restricción partidista: Queda prohibida la intervención de representantes de partidos políticos en las campañas y en la jornada electoral. El escrutinio y cómputo de votos se centralizará en las casillas instaladas para asegurar la transparencia del proceso.
- Comisión Coordinadora de Evaluación: Se crea una instancia con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para homologar exámenes de conocimiento, metodologías y criterios de selección basados en antecedentes académicos y honestidad.
- Retorno del trabajo en secciones: La Suprema Corte de Justicia de la Nación volverá a operar dividida en dos secciones para resolver asuntos de trámite y desahogar la carga de trabajo del pleno. La presidencia del máximo tribunal se rotará cada dos años según los votos obtenidos en la elección.
- Paridad de género estructural: Los Comités de Evaluación deberán integrar listas paritarias obligatorias. La insaculación de candidatos se realizará en tómbolas separadas por género y especialidad para garantizar una asignación equitativa sin discrecionalidad del árbitro electoral.
- Renuncia obligatoria para juzgadores: Los jueces y magistrados en funciones que decidan postularse para un cargo judicial distinto deberán presentar su renuncia irrevocable antes del registro de la candidatura, evitando la parálisis operativa de los tribunales.
- Centralización del control técnico: El Instituto Nacional Electoral concentrará la facultad de diseñar distritos judiciales y reorganizar territorialmente las elecciones, obligando a los estados a alinearse estrictamente a los parámetros federales.
- Capacitación y evaluación continua: Los juzgadores electos se someterán a programas obligatorios a cargo de la Escuela Nacional de Formación Judicial y serán evaluados en su desempeño durante su primer año de funciones bajo criterios de objetividad.
