El gobierno federal está obligado a proporcionar copia de los documentos enviados a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relacionados con la denuncia presentada contra la empresa Calica. Esta compañía ha sido acusada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de causar una «catástrofe ecológica» debido a la explotación de un banco de materiales en Quintana Roo.
La obligación de divulgar estos documentos surge de la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con nueve votos a favor y dos en contra de las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama. El Recurso de Revisión en materia de seguridad nacional, designado con el número de expediente 12/2022, fue resuelto por el ministro ponente Juan Luis González Alcántara. Este dictaminó como infundados los argumentos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que sostenía que la información debía mantenerse reservada por razones de seguridad nacional.
