Durante la presentación de la iniciativa, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, indicó que este delito se refiere a la autorización de la construcción de inmuebles o pisos adicionales a los establecidos por la ley, mediante permisos emitidos con el objetivo de recibir dinero o departamentos para beneficio personal.
De acuerdo con el proyecto, se plantea una adición del Capítulo XV y el Artículo 276 Quáter al Título Décimo Octavo del Libro Segundo del Código Penal para el Distrito Federal, para que se reconozca como delito la Corrupción Inmobiliaria y establecen sanciones de 10 a 20 años de prisión tanto para los servidores públicos, como para la red de familiares y socios que participen; la iniciativa será discutida en el Congreso capitalino durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
Durante la presentación de la iniciativa, el mandatario capitalino indicó que este delito se refiere a la autorización de la construcción de inmuebles o pisos adicionales a los establecidos por la ley, mediante permisos emitidos con el objetivo de recibir dinero o departamentos para beneficio personal y que, en consecuencia, encarecen la vivienda y propician riesgos de protección civil para la ciudadanía.
“El objetivo del Gobierno de la Ciudad de México, es ponerle un alto a la corrupción inmobiliaria que está dañando el sano desarrollo urbano de la Ciudad de México… porque significa un enriquecimiento ilícito de funcionarios, de servidores públicos y porque tiene impactos sociales, especialmente en el encarecimiento de la vivienda, en la especulación con los costos del suelo, un impacto en la provisión de agua, un impacto en materia de Protección Civil”, dijo Batres.
Esta iniciativa tiene tres objetivos principales: disuadir el surgimiento de organizaciones similares dentro de la administración pública de la Ciudad de México y sus alcaldías; contar con instrumentos normativos que permitan combatir eficazmente la corrupción en todos los ámbitos del servicio público, con énfasis en aquellos casos que impidan el ejercicio de los derechos de las personas; y contribuir desde el ámbito penal a la transformación de la política inmobiliaria capitalina, al establecer la vivienda digna y segura como un derecho fundamental y no un objeto de especulación financiera.
