Rubén Moreira pudo lidiar con la megadeuda por los recursos federales recibidos durante su administración. No para realizar obras importantes, sino para mantener a flote su Gobierno. Controlada entonces por el PRI, PAN y PRD, la Cámara de Diputados canalizó mayores fondos a los estados, ejercidos discrecionalmente por los gobernadores. La Fiscalía General de la República acusó a Ismael Ramos, secretario de Finanzas de Moreira, por el presunto desvío de 475 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin). De acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, el esquema es «idéntico» al de la «operación Zafiro», diseñada para financiar campañas políticas del PRI.
El Fortafin se creó en el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Las asignaciones a los estados estaban a cargo de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda. Isaac Gamboa Lozano, titular de la UPCP, fue asesinado el 21 de mayo de 2020 junto con su madre y tres hermanos, entre ellos una mujer. El multihomicidio «destapó la existencia de una mega red de empresas fantasma (…) utilizada presuntamente para lavar dinero y evadir impuestos a escala internacional por alrededor de 5 mil 800 millones de pesos…» (Animal Político, 28.06.21). El caso lo narran Arturo Ángel y Sedryk Raziel en el libro La viuda negra.
El salvavidas federal lanzado a Moreira para paliar la crisis de la deuda, no lo tuvo Miguel Riquelme. Peña Nieto se atrajo a los gobernadores con bolsas como la del Fortafin, cuyo propósito consistía en promover el desarrollo regional con proyectos de inversión en infraestructura y servicios. El presidente Andrés Manuel López Obrador desapareció el Fortafin, el Fonden (Fondo de Desastres Naturales) y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) dejó de recibir subsidios. El argumento era combatir la corrupción. Los recortes tuvieron mayor impacto en los estados lastrados por deudas exorbitantes, como Coahuila.
«Los retos nos obligaron a ser creativos», dijo Riquelme en su último informe. Según el secretario de Desarrollo Social, Javier Díaz, Coahuila dejó de recibir 23 mil millones de pesos en el Gobierno de López Obrador. La cifra es cuantiosa, pero aun así menor a los más de 30 mil millones dedicados al servicio del moreirazo. Al gobernador electo, Manolo Jiménez, no le espera un año mejor en términos financieros. Pues las participaciones federales a los estados tendrán una reducción por 4 mil 807 millones de pesos y las aportaciones de la federación bajaran 1 mil 492 millones, con base en el presupuesto de 2024 autorizado por el Congreso, donde Morena, PT y Verde son mayoría.
El aumento del Impuesto Sobre Nóminas, del 2 al 3 por ciento, aprobado por la legislatura local a iniciativa del gobernador Riquelme para darle oxígeno a la administración de Jiménez, generará ingresos adicionales por alrededor de 1 mil 500 millones de pesos anuales. Sin embargo, el efecto podría anularlo el recorte de participaciones y de fondos federales. El contexto obligará a contratar créditos a corto plazo para afrontar los compromisos del próximo Gobierno. Mientras no se negocien nuevas condiciones de pago, que incluyan quitas al capital, Coahuila será rehén de los bancos. La deuda se ha eternizado en detrimento de la calidad de vida de la población y de la competitividad del estado.
