El PRI sobrevivió doce años al naufragio de perder la presidencia, pues conservó el control de los estados y del Congreso federal a pesar de no tener mayoría en ninguna de ambas cámaras. Sin embargo, contaba con un arma poderosa: votos para negociar las reformas constitucionales aprobadas en el periodo 2000-2012, algunas de las cuales, como la energética, había bloqueado previamente. Sin el PRI, Vicente Fox y Felipe Calderón no habrían podido gobernar. El primero, abrumado por una responsabilidad para la cual no estaba preparado, le dio a los gobernadores manos libres y los colmó de dinero. Deslegitimado por una elección tachada de fraudulenta, el segundo se convirtió en rehén de los caciques estatales y de los grupos de presión.
El PRI y el PAN se fusionaron cuando Andrés Manuel López Obrador tomó el liderazgo de la oposición y de la izquierda. Para aislarlo, el Gobierno sumó al PRD al Pacto por México. El acuerdo político le permitió a Enrique Peña Nieto saltar de la mediocridad a la portada de Time. Se le proclamó «salvador de México» debido a las reformas para abrir la inversión en petróleo, gas y electricidad a empresas nacionales y extranjeras. La corrupción tornó el sueño al revés.
Una investigación documentada de los periodistas Isabella Cota y Adam Williams reveló que «una empresa estadounidense desconocida, a unos meses de ser fundada, comenzó a ganar contratos multimillonarios con una filial de la Comisión Federal de Electricidad a raíz de la apertura del sector eléctrico en México. Los lazos entre Guillermo Turrent, ejecutivo clave de la CFE durante el Gobierno de Peña Nieto, y los fundadores de Whitewater Midstream, cuentan una historia de cacería de ganancias en mercados recién liberalizados» (El País, 06.07.21).
La sociedad entre las cúpulas del PRI, PAN y PRD resultó un fiasco. Las oposiciones se desvanecieron y en 2018 el PRI perdió la presidencia frente a un nuevo partido: Morena. Aún conservaba la mayoría de las gubernaturas, pero en la Cámara de Diputados y en el Senado pasó al tercer lugar y dejó de tener acceso a los fondos federales. La debacle territorial del PRI empezó en 2021, cuando fue vencido por Morena en ocho estados (Campeche, Colima, Guerrero, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas). Un año después, el partido de AMLO se hizo con Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo; y en junio pasado ganó Estado de México. Hoy al PRI solo le quedan Coahuila y Durango.
El escenario no puede ser más catastrófico, pues falta menos de un año para la elección presidencial. En 2012, cuando el partido tricolor recuperó la presidencia, gobernaba 20 estados. Esa cobertura y el financiamiento de las tesorerías locales le dio a Peña Nieto los votos suficientes para vencer a López Obrador, postulado entonces por el Partido de la Revolución Democrática. «Los Gobiernos estatales son operadores electorales naturales. En todo el país (…), pero especialmente del PRI, trabajan directamente como operadores», declara Alberto Olvera, académico de la Universidad Veracruzana (Expansión, 06.07.12).
Todavía en 2018, el PRI ejercía el poder en casi la mitad de los estados (15), seguido por el PAN (12) y el PRD (cuatro). Después de los comicios del 4 de junio, las oposiciones se reparten en nueve territorios: Acción Nacional cinco, Movimiento Ciudadano dos y el PRI dos. Morena llegará a las elecciones presidenciales con 23 entidades, lo cual le concede a Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard una ventaja casi inalcanzable. De ser así, López Obrador cumplirá su deseo de afianzar la 4T. La coalición Va por México (secuela del Pacto por México de Peña) está sepultada.
