En una acción militar sin precedentes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras un ataque a gran escala en territorio venezolano. La operación, ejecutada por la unidad de élite Delta Force, incluyó bombardeos estratégicos en Caracas y estados aledaños antes de proceder con la extracción de ambos objetivos hacia territorio estadounidense.
El gobierno de Estados Unidos confirmó que Maduro se encuentra bajo arresto y será trasladado al Distrito Sur de Nueva York para enfrentar juicios por cargos de narcotráfico, corrupción y lavado de dinero, vinculados al Cártel de los Soles. El Departamento de Justicia mantenía una recompensa de 15 millones de dólares por su detención desde el año 2020. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que las incursiones aéreas tuvieron como objetivo proteger a los equipos encargados de ejecutar la orden de arresto.
En Venezuela, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció ataques con helicópteros de combate en instalaciones clave como Fuerte Tiuna y La Carlota, calificando el acto como una «gravísima agresión militar». Simultáneamente, desde Moscú, la vicepresidenta Delcy Rodríguez exigió una «prueba de vida» del mandatario y su cónyuge al desconocer su paradero exacto durante las primeras horas tras el asalto.
El vacío de poder generado por esta extracción coloca a Venezuela en una situación constitucional crítica. Aunque el artículo 233 de la carta magna venezolana establece que la vicepresidenta debe asumir el cargo ante una ausencia absoluta, la presencia de fuerzas militares y el control de figuras del chavismo como Jorge Rodríguez serán determinantes en los próximos días. La comunidad internacional observa con cautela este episodio, que marca el punto más álgido de la tensión entre Washington y Caracas.
