La estridencia política, mediática y las redes sociales dificultan la comprensión de reformas que ameritan seriedad en el análisis para tener una idea objetiva de sus alcances y no adoptar visiones distorsionadas. El periodista Gerardo Moyano advierte al respecto, en la nueva edición de “Espacio 4”, que «México enfrenta desde hace décadas una crisis de seguridad pública que ha dejado cientos de miles de muertos, desaparecidos, desplazados y comunidades enteras sometidas por el crimen organizado. En ese contexto, el Congreso mexicano ha aprobado un ambicioso paquete legislativo compuesto por tres piezas clave: la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, y la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Además, se ha anunciado una Ley General contra la Extorsión que será presentada en septiembre.
»Se trata de un andamiaje normativo que, en palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, busca “fortalecer las capacidades del Estado mexicano para garantizar la paz”. Sin embargo, el debate público ha estado marcado por el ruido, la polarización y una serie de preocupaciones legítimas respecto a los riesgos que estas leyes representan para los derechos humanos, la privacidad, la transparencia institucional y los contrapesos democráticos.
»La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aprobada por mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, busca establecer una arquitectura institucional moderna y funcional para coordinar los esfuerzos de seguridad en los tres niveles de gobierno. Entre las principales innovaciones se encuentra la consolidación de un mando civil a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública, liderado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
»En paralelo, el Congreso aprobó una nueva versión de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que pretende fortalecer las capacidades del Estado para combatir delitos como la extorsión, el secuestro y la trata de personas, a través de herramientas tecnológicas. El tercer eje de la batería de reformas es la Ley General contra la Extorsión, que aún no ha sido aprobada, pero que ha sido anunciada como prioritaria por la presidenta Sheinbaum. Se trata de la Ley General contra la Extorsión, que busca homologar los tipos penales en los 32 estados y permitir la investigación de oficio, sin necesidad de denuncia.
»El nuevo marco legal en materia de seguridad pública, telecomunicaciones y combate a la extorsión es, sin duda, uno de los esfuerzos más ambiciosos del
Estado mexicano en los últimos 20 años. Tiene el potencial de mejorar la capacidad de respuesta ante la violencia, evitar la fragmentación institucional y fortalecer la inteligencia estratégica. Pero ese mismo poder, sin controles adecuados, puede derivar en abusos, persecución política, vigilancia masiva y pérdida de confianza ciudadana. La clave será la implementación: si hay voluntad política para establecer contrapesos, fiscalización y participación ciudadana, el paquete puede marcar un cambio de paradigma. Si no, será otro capítulo en la historia de promesas incumplidas.
»Uno de los aspectos centrales de la nueva de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la creación de una Plataforma Nacional de Información para la Seguridad Pública (PNISP), que obliga a los estados y municipios a compartir en tiempo real datos sobre delitos, órdenes de aprehensión, personas desaparecidas y detenciones. “Esto permitirá una verdadera inteligencia estratégica, no sólo operativos reactivos”, dijo Harfuch en conferencia de prensa (06.07.25)
»También se habilita el acceso sin orden judicial a bases de datos bancarias, biométricas, vehiculares y de telecomunicaciones, algo que ha levantado críticas desde múltiples frentes. Para Ernesto López Portillo, investigador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, la ley tiene avances, pero adolece de problemas estructurales: “No basta con tener bases de datos o mandos unificados; si no se cambian los incentivos de corrupción y se garantiza la rendición de cuentas, el sistema seguirá produciendo impunidad”, advirtió durante su participación en el foro “Seguridad y Gobernanza” organizado por la UIA» (07.06.25).
