En su columna México SA, Carlos Fernández-Vega realiza una crítica profunda al modelo económico neoliberal, señalando cómo las promesas de libre competencia derivaron en la consolidación de monopolios que concentraron la riqueza nacional. El autor centra su análisis en el Grupo Industrial Maseca (Gruma), consorcio que, según expone, mantuvo un control absoluto sobre el mercado de la tortilla en México desde el periodo de Carlos Salinas de Gortari. Fernández-Vega documenta cómo el poder de esta empresa se cimentó en vínculos políticos estrechos, particularmente el compadrazgo entre su fundador, Roberto González Barrera, y la familia Salinas, lo que resultó en decretos presidenciales diseñados para favorecer la expansión de la compañía a costa del bienestar social.
El autor destaca un cambio significativo en la regulación actual tras el anuncio de que Gruma renunció a imponer contratos de exclusividad a las tortillerías del país. Esta medida fue acordada con la nueva Comisión Nacional Antimonopolio (CNA), órgano que sustituye a la desaparecida Cofece, la cual es calificada por el columnista como una institución que, en los hechos, protegía a los grandes consorcios en lugar de combatirlos. Con esta resolución, se eliminan las cláusulas de consumo mínimo y las penalizaciones impuestas a los pequeños productores, permitiendo que las tortillerías elijan libremente a sus proveedores de harina de maíz nixtamalizada.
Fernández-Vega aporta datos concretos sobre la falta de competencia que imperó durante décadas. Cita investigaciones que demuestran que Gruma posee entre el 50 y el 90 por ciento de las ventas en las ocho regiones del país, manteniendo precios hasta un 10 por ciento superiores a los de sus competidores. El columnista subraya que, a pesar de las variaciones a la baja en el precio del maíz, el comportamiento de Maseca siempre fue al alza, forzando a las tortillerías a incrementar el costo del alimento básico para la población.
La síntesis del autor concluye que, tras 35 años de prácticas abusivas amparadas por el poder político, finalmente se toman acciones legales para democratizar el mercado. No obstante, advierte que este es solo un paso inicial, pues todavía existen numerosos consorcios en sectores como la minería, telecomunicaciones y servicios financieros que operan bajo lógicas similares de acaparamiento y exclusividad, afectando la economía de las mayorías en México.
