La presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por una postura de defensa firme ante la controversia que rodea al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Tras las acusaciones provenientes de Estados Unidos que vinculan al mandatario estatal con grupos del crimen organizado, el Gobierno Federal ha decidido cerrar filas. En lugar de ceder ante las presiones externas o abrir investigaciones inmediatas que comprometan la estabilidad política del estado, la mandataria argumenta que existe una campaña de estigmatización injusta contra la región y sus habitantes.
Esta respuesta se basa en la denuncia de un supuesto injerencismo por parte de agencias extranjeras, bajo la premisa de que México debe resolver sus asuntos internos sin tutelajes externos. Al señalar que la imagen de Sinaloa está siendo dañada por señalamientos sin sentencias definitivas, Sheinbaum busca ganar tiempo y evitar un desgaste prematuro de su administración. La táctica consiste en levantar muros de contención políticos y mediáticos, centrando el debate en la soberanía nacional y la protección de la identidad regional. De este modo, el Poder Ejecutivo mantiene el respaldo al gobernador mientras evalúa el alcance de las pruebas presentadas en el país vecino, priorizando la cohesión del partido oficial ante un panorama de seguridad complejo.
