El referéndum del 10 de abril resultó positivo en términos democráticos, mas no exitoso y muchos menos histórico. Para serlo, debería haberse revocado el mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual no sucedió. El ejercicio per- dió carácter vinculatorio —en uno u otro sentido—, pues no alcanzó los 37.1 millones de votos requeridos. En números redondos, faltaron 20 millones de papeletas para deponer al Ejecutivo federal, de haber sido esa la decisión ciudadana. Por tanto, las cosas permanecerán igual; es decir, AMLO terminará su periodo el 30 de septiembre. A este sexenio se le recortaron dos meses para evitar que entre la elección del presidente y la toma de posesión transcurrieran cinco meses interminables. En lo sucesivo, el mandatario rendirá protesta el 1 de octubre de 2024 y así cada seis años.
El resultado de la revocación de mandato ofrece mil lecturas, cada una al gusto del interesado y del bando que ocupe: anti-AMLO o pro-AMLO. No debe extrañar, lo mismo sucede en toda elección, revocatoria o no y según los actores y partidos en escena. Sin embargo, siempre existen franjas de votantes que acuden a las urnas sin filias ni fobias y sufragan de acuerdo con sus convicciones y principios. Ese segmento decidirá, mientras más crezca, el devenir político de un país, un estado o un municipio. Llamar borregos, acarreados o menesterosos movidos por «dádivas» del Gobierno de turno a quienes acuden a las urnas por voluntad propia es un insulto. En la misma tesitura, también lo serían los banqueros, contratistas y empresarios que recibieron fondos del erario —después de haber abusado de su posición— para evitar quiebras masivas, pero en su caso no son dádivas, sino «rescates».
Las elecciones de 2018 y las recientes no son equiparables. Ambas son constitucionales, pero las primeras fueron para elegir, de entre varios candidatos y propuestas de Gobierno, presidente; las segundas, para dejar sin efecto el mandato de AMLO o continuarlo hasta su terminación. El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló hace cuatro años 156 mil 807 casillas; en las de 2022 el número bajó a 57 mil 500. La capacidad para recibir a los ciudadanos se redujo, pues, en casi dos tercios. Al final sufragaron alrededor de 17 millones, equivalente al 18% de la lista nominal de electores. Más de 15.5 millones lo hicieron en favor de López Obrador y 1.3 millones en contra.
AMLO recibió la mitad de los votos con respecto a las presidenciales de 2018 (30.1 millones), pero aun así supera los 12.6 millones de Ricardo Anaya (PAN) y los 9.2 millones de José Antonio Meade (PRI). El referéndum revocatorio estuvo viciado: el Gobierno y su partido violaron las reglas; el INE tomó partido; las oposiciones, derrotadas de antemano, boicotearon las votaciones y los medios de comunicación adversos a López Obrador les siguieron el juego e incluso desinformaron.
El procedimiento para deponer o confirmar a una autoridad (presidente, gobernador, alcalde) debe mejorarse, con la participación de todos los sectores, mas no anularse. Solo así tendrá el país una democracia sólida y robusta en la cual los políticos dependan de los ciudadanos y les rindan cuentas, y no al revés. Ninguna sociedad tiene por qué soportar los abusos y corruptelas del poder si a la mitad de un mandato puede revocarlo. México y Coahuila se habrían ahorrado quebrantos y vergüenzas de haber existido en el pasado esa figura.
