La Alianza Federalista (AF) se urdió como trampolín y escudo político, pero al final no fue ni una cosa ni otra. Acusados de cohecho, peculado, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias, la mayoría de los 10 integrantes del frente acabó en la picota o en el ostracismo. El exgobernador independiente de Nuevo León, Jaime «el Bronco» Rodríguez, pasó la mayor parte de 2022 en prisión preventiva, hospitalizado y en arresto domiciliario antes de ser exonerado de delitos electorales. La espada de Damocles cayó ahora sobre Silvano Aureoles Conejo (Michoacán), buscado por la Interpol en más de 190 países, y Francisco Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas), contra quien se reactivó una orden de aprehensión al quedar sin efecto un recurso de amparo.
Rodríguez fue acusado por el entonces senador Samuel García, quien le sucedería en la gubernatura, de desviar recursos del erario para recolectar firmas en su afán de ser candidato a la presidencia en 2018. También se le vinculó a proceso por el delito de abuso de autoridad en relación con la requisa del sistema de transporte Ecovía, del cual fue liberado en octubre pasado. El Bronco se dijo víctima de «persecución política».
El panista Martín Orozco Sandoval (Aguascalientes) recibió una sentencia de cuatro años de prisión en 2023 por ceder terrenos municipales a una asociación civil de su propiedad, cuando era alcalde de la capital. La multa por 2.2 millones de pesos y la inhabilitación por tres años para ejercer puestos públicos quedaron en el limbo, pues se amparó. (PRI-Colima) fue vinculado a proceso el 7 de mayo por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones. La zar anticorrupción colimense, Esperanza Ramírez, dispone de cinco meses para concluir la investigación complementaria; y Peralta, para presentar pruebas de descargo. Contra José Rosas Aispuro (Durango) se presentaron cargos por ejercicio indebido de funciones, desvío de recursos y por disparar la deuda del estado.
Javier Corral (PAN-Chihuahua) es el único exgobernador imputado por una correligionaria, María Eugenia Campos, quien le relevó en el cargo. La Fiscalía de Justicia del Estado acusa al exintegrante de la AF de desviar 84 millones de pesos. Campos, según Corral, forma parte de la red de corrupción del exgobernador priista César Duarte, preso en el penal del Altiplano por el delito de lavado de dinero. El Gobierno de Corral acusó a Duarte de malversar más de 6 mil millones de pesos durante su gestión. Parte de esos caudales pasaron
a manos del exmandatario priista, al cual se le han decomisado ranchos, cuentas bancarias y decenas de propiedades.
A los exaliancistas Silvano Aureoles y García Cabeza de Vaca también les espera la prisión. De acuerdo con el Gobierno federal, el michoacano y exaspirante a la presidencia por la coalición PAN-PRI-PRD habría huido del país con el apoyo del Cartel Jalisco Nueva Generación. La Fiscalía General de la República lo acusa de desviar fondos federales por más de cinco mil millones de pesos. En el ámbito local, se le responsabiliza por la muerte de cuatro personas durante un operativo en la comunidad indígena de Arantepacua. El exgobernador de Tamaulipas afronta cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero. Los únicos integrantes de la AF que no afrontaron grandes escándalos y siguen políticamente activos son Miguel Riquelme (Coahuila) y Corral. El primero es senador de primera minoría por el PRI; y el segundo, de representación proporcional por Morena.
