Saltillo, Coahuila a 29 de Septiembre del 2022.- Durante la quinta sesión del Segundo Período Ordinario del Congreso del Estado de Coahuila, el Diputado de morena, Francisco Cortez, presentó una proposición con punto de acuerdo con motivo de enviar un atento exhorto al titular del Ejecutivo estatal, el Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, a que considere la urgente necesidad de que su administración se declare en suspensión de pagos de la denominada “megadeuda” que, en lugar de disminuir con los significativos abonos hasta ahora realizados, se ha elevado a más de 43 mil millones de pesos, debido a la evidente falta de liquidez del gobierno estatal, cuyo programa de desarrollo, por tal causa, se ha visto seriamente comprometido.El Presidente de la Mesa Directiva, señaló que la Administración del Ingeniero Miguel Riquelme, al no contar con dinero para cubrir la megadeuda, que ya rebasa los 43 mil millones de pesos, decidió sobre endeudar a los coahuilenses, hipotecando el desarrollo del Estado y el futuro de las nuevas generaciones.
“Año tras año, Riquelme Solís ha solicitado créditos que, en conjunto, suman más de 7 mil 600 millones de pesos, cantidad que representa más de la sexta parte del monto total de la deuda actual. A estas alturas, para nadie es un secreto que, al tener que pagar los elevados intereses del endeudamiento de largo plazo, el gobierno estatal se ha quedado sin liquidez. Como se recordará, en el sexenio estatal 2005-2011, la deuda se disparó de 323 millones a casi 36 mil millones de pesos, es decir, unas 110 veces y, en cierta medida, de forma irregular. A la fecha, ya hemos pagado alrededor de 40 mil millones de pesos, mayormente por concepto de intereses. Mientras tanto, el monto de la deuda crece a pasos agigantados” manifestó.
Aunado a lo anterior, el legislador de morena dio a conocer datos duros sobre el endeudamiento del gobierno a corto plazo:
“En 2018 se contrató deuda por 550 millones de pesos; en 2019, por mil 400 millones; en 2020, 2 mil millones de pesos; y, en 2021, 3 mil 715 millones de pesos. En total, el gobierno de Miguel Ángel Riquelme ha solicitado 7 mil 665 millones. Tan solo en este 2022, se deberán liquidar más de 5 mil 600 millones de pesos, principalmente a Banorte, Santander, HSBC y BBVA, que son los principales acreedores a los cuales se les ha empezado a liquidar los referidos montos gestionados a corto plazo. El problema es que no disminuye el servicio de la deuda, en tanto, si el gobierno estatal no hubiese solicitado créditos adicionales para dicho abono, se habría quedado sin recursos para nómina y gasto corriente” informó.
En ese sentido, Cortez Gómez indicó que considerando que al año se destinan un promedio de 50 millones de pesos a la amortización del capital, la asociación civil Participación Ciudadana 29 (PC29) advierte que, a este ritmo, el gobierno del estado tardará la friolera de 789 años en terminar de liquidar la suma total, esto, sin tomar en cuenta los intereses que se sigan generando, y a cuyo pago, mientras tanto, el Estado destina anualmente miles de millones de pesos.
“Con base en todas estas cifras y argumentos, Coahuila no sería el primer estado donde se iniciase un movimiento de suspensión, incluso de abolición, de una deuda inmoral, ilegítima y financieramente inviable. En casi todo el país han surgido iniciativas para desterrar los contubernios y hechos de corrupción que se estilaban en el anterior régimen al contraerse deudas, principalmente por parte de los gobiernos estatales” externó.
El Diputado Francisco Cortez, expresó que llegó el momento de aplicar el criterio de derecho internacional denominado “estado de necesidad”, de “fuerza mayor” o de “cambio fundamental de circunstancias”:
“Este se refiere a que un país o gobierno no tienen por qué respetar o ejecutar las obligaciones comerciales o financieras cuando enfrenta una situación en la que el bienestar o la vida de la población está en peligro. Ciertamente, una deuda es ilegítima si se contrae para favorecer los intereses particulares de una minoría privilegiada. La suspensión de pagos consiste en la situación económica en que una empresa, organización o persona física se encuentra cuando, debido a la ausencia de liquidez, no puede hacer frente a sus obligaciones de pago” finalizó.