El Senado de la República aprobó el nombramiento de Ernestina Godoy como Fiscal General de la República (FGR) con 97 votos a favor, provenientes de las bancadas de Morena, PT, PVEM y, crucialmente, Movimiento Ciudadano (MC). El proceso de designación se desahogó en tiempo récord y fue calificado por la oposición como una maniobra política para asegurar la lealtad al Ejecutivo.
La terna, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum con el argumento de que «es tiempo de mujeres», incluía a Luz María Zarza y Maribel Bojorges Beltrán, aunque el proceso tuvo los dados cargados en favor de Godoy, quien ocupaba el despacho tras la renuncia de Alejandro Gertz.
La votación registró 19 votos en contra y 11 nulos. Senadores de oposición como Lilly Téllez y Alejandro Moreno anularon su voto con consignas como «No a la mafiocracia», denunciando la pérdida de la autonomía constitucional de la FGR. El PAN y el PRI acusaron que la designación fue un «premio a la lealtad política» con la instrucción de «cerrar todos los expedientes» de corrupción que involucren a morenistas.
Durante su comparecencia, Ernestina Godoy ofreció que no habrá persecución política, pero advirtió que tampoco habrá impunidad. «No se acusará a nadie injustamente, porque en la procuración de justicia no caben las acciones parciales ni con tintes políticos», afirmó, concluyendo su discurso con la frase: “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”.
El apoyo de Movimiento Ciudadano fue clave. El coordinador Clemente Castañeda había condicionado sus seis votos a que la aspirante firmara un decálogo de compromisos para mejorar la gestión de la FGR. Godoy aceptó y firmó el documento, asegurando así el respaldo de la bancada opositora y la aprobación de su nombramiento. La nueva fiscal rindió protesta ante el pleno esa misma tarde.
