Las ceremonias del Día del Abogado (12 de julio) fueron políticas. La de Saltillo la organizó el Colegio de Abogados de Coahuila y la de Torreón, el Colegio de Abogados de La Laguna (CAL), a la cual, por protocolo, no se invita a las autoridades. El protagonista del desayuno en Saltillo, en el ostentoso Villa Ferré, fue el gobernador Miguel Riquelme; y en el acto de la metrópoli lagunera, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. El divisionario recibió la presea Defensor del Pueblo, concedida por la Comisión de Honor y Justicia al Ejército Mexicano «por su labor en la seguridad pública y en la defensa de los derechos humanos (manifestada) en la diaria actuación de todos los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional».
El papel de coprotagonistas lo desempeñaron, el secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez, delfín del gobernador, y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, aspirante de Morena a la candidatura, quien acompañó a Sandoval en el viaje de ida y vuelta. El CAL, cuyo presidente es el activista Fernando Todd, otorgó en 2020 la presea «Juan Antonio García Villa» al funcionario amlista por su desempeño como legislador federal. La premiación no pudo llevarse a cabo por la pandemia, pero esta vez la recibió en el auditorio de la Universidad Autónoma de La Laguna (lleno hasta el tope). Riquelme y el CAL placearon a sus favoritos para las elecciones de 2023. La cobertura mediática fue limitada en ambos casos. Más en la ceremonia alterna, no obstante la presencia del general secretario.
En el evento oficial se entregaron reconocimientos a la trayectoria y al «mérito jurídico». Este lo recibió el cacique y enchufista Jesús Sotomayor a quien, como presidente de la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia en Torreón, se le vinculó con el fraude de créditos del Infonavit, escándalo aún impune. La procuración y administración de la justicia es uno de los negocios más lucrativos y menos riesgosos en nuestro país. Además, permite relacionarse con mafiosos y empresarios sin escrúpulos.
El CAL entregó la presea «Jorge Mario Cárdenas» a Ricardo Sánchez y a Juan José Rojas por su desempeño en la docencia; la «Juan Puente Flores», a José Alberto Palacios debido a «singular manejo como abogado postulante»; la «Rodolfo González Treviño», a Carlos Román Cepeda por su ejercicio como notario público; y la «Braulio Fernández Aguirre», a Cintia Cuevas, en su caso por su «atinada función como en el servicio público». La presea de Defensor del Pueblo correspondió el año pasado al obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López, siempre incómodo para el poder.
Entre las celebraciones de Saltillo (8:30 a. m.) y Torreón (12:30 p. m.) mediaron más de tres horas, tiempo suficiente para que el gobernador Riquelme hubiera acompañado al secretario de la Defensa. Si por costumbre el CAL no invita a autoridades, a menos que sean premiadas, entonces faltó le diplomacia; y al Gobierno, operación política. En casos como este, las ausencias se prestan a malas interpretaciones, máxime cuando la animadversión entre las autoridades federales y estatales es manifiesta. La Universidad Autónoma de La Laguna es la menos culpable de esta situación. Las presiones por haber facilitado su auditorio resultan, además de censurables, fuera de lugar. Nadie es profeta en su tierra. El Día del Abogado reafirmó dos tendencias claras e irreductibles para las elecciones del año próximo: Jiménez es el favorito de Saltillo; y Mejía, el de La Laguna. No hay más.
