Enrique Peña Nieto definió la corrupción como un «tema cultural». Visto así, fue uno de los presidentes más «cultos» junto con Carlos Salinas de Gortari, quien vendió Altos Hornos de México (AHMSA) a su socio Alonso Ancira a precio de remate. El Gobierno modernizó previamente la acería y despidió a centenares de obreros para hacerla más rentable. Hoy está en paro tras décadas de saqueo. Peña compite en frivolidad con Vicente Fox y José López Portillo, cuyo Gobierno también fue sinónimo de corrupción. Las administraciones del PAN quizá no resultaron tan venales, pero de lo que no dejan duda es de su incompetencia.
La corrupción no es exclusiva de la clase política. También está presente en el sector privado y en la banca, pero la disimulan mejor. Son los casos de CIBanco, Intercamb y Vector Casa de Bolsa, intervenidos por lavar dinero del narcotráfico. Denunciar la complicidad de los sectores público y privado «para hacer negocios a la sombra de poder», y comprometerse a erradicarla, le produjo a Andrés Manuel López Obrador millones de votos de una ciudadanía agraviada por la rapacidad y el cinismo de las cúpulas y del sistema de justicia a su servicio.
«Según la última medición de Transparencia Internacional, ocupamos el lugar 135 en comparación con 176 países evaluados; pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en el 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos», dijo AMLO en su toma de posesión. La situación empeoró en el sexenio obradorista: México terminó en puesto 140 con una calificación de 28 puntos, dos menos que en 2018. Sin embargo, la mayoría tiene otra percepción. Para el 18%, la corrupción no es el principal problema, sino la violencia (40%), de acuerdo con la última encuesta de Enkoll-El País-W Radio sobre la administración de López Obrador.
Lo anterior puede deberse a dos factores: el discurso de AMLO contra la corrupción pública y privada («no se sabía dónde terminaba la delincuencia y donde empezaba la autoridad; no había frontera, eran lo mismo») y el encarcelamiento de intocables: Rosario Robles (exsecretaria de Desarrollo Social), Emilio Lozoya (exdirector de Pemex), Jaime Rodríguez, Mario Marín, César Duarte y Roberto Sandoval (exgobernadores de Nuevo León, Puebla, Chihuahua y Nayarit). También fueron puestos entre rejas Alonso Ancira (exdueño de AHMSA), Juan Collado (abogado de los expresidentes Salinas de
Gortari y Peña Nieto) y Luis Cárdenas (director de Seguridad Regional de la Secretaría de Seguridad Pública).
La captura del pez gordo, Genaro García Luna, ocurrió en Estados Unidos. El secretario de Seguridad Pública, a quien el presidente Felipe Calderón puso al frente de la guerra contra el narcotráfico, purga cadena perpetua por recibir sobornos del Cartel de Sinaloa. AMLO promovió además una consulta para investigar y castigar a cinco expresidentes, de Salinas a Peña Nieto. La participación fue mínima (7%), pero más del 90% estuvo de acuerdo en que se les encausara. Peña no deja de dar motivos para ello. En fecha reciente se dio a conocer que empresas israelíes le pagaron 25 millones de dólares por la compra del software espía Pegasus. Si «un político pobre es un pobre político», uno rico y cínico es deleznable. Peña no es el único. En Coahuila los hay e igual siguen impunes. ¿Hasta cuándo? Mucho depende de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobierno de Estados Unidos. El primer paso se dio con el huachicol fiscal.
