Más allá del resultado previsible del revocatorio de este domingo (abstencionismo, voto mayoritario en favor de Andrés Manuel López Obrador para que permanezca en la presidencia de la república hasta el final de su mandato, es decir hasta el 30 de septiembre de 2024, y triunfalismo de los bandos antagónicos), el procedimiento para destituir a una autoridad electa —presidente, gobernador o alcalde— debe mantenerse y mejorar en futuras consultas. Si los ciudadanos tienen el derecho de nombrar a sus gobernantes mediante el sufragio, también deben ejercerlo para deponerlos por haber resultado manifiestamente corruptos o incompetentes. La democracia participativa brinda a los electores la oportunidad de incidir en la toma de decisiones políticas.
El poder que el pueblo ejerce a través de representantes elegidos en las urnas (democracia participativa) es bastante cuestionable en nuestro país. La mayoría de las elecciones presidenciales fueron fraudulentas (Salinas de Gortari y Felipe Calderón) o las decidieron los poderes fácticos (Peña Nieto). El Congreso federal, como sucede todavía, lo controla el presidente de turno; y en los estados, el gobernador. Los diputados y senadores jamás rinden cuentas a sus electores, sino a sus partidos y a su jefe político. La participación ciudadana en las decisiones políticas es nula. Las elecciones revocatorias son un mecanismo legal para interrumpir un mandato otorgado en una elección popular, de acuerdo con las normas.
Quienes combaten la revocatoria de mandato con el argumento de que oculta afanes reeleccionistas o el riesgo de inestabilidad política y social, apuestan por el statu quo y le niegan a la ciudadanía la capacidad y el derecho de tomar decisiones que fuercen a los poderes públicos a desempeñarse con eficiencia y honradez, so pena de ser defenestradas. En el caso del referéndum de este 10 de abril, el procedimiento fue mal llevado desde un principio, en parte por las restricciones —absurdas— para promoverlo entre la sociedad. Instalar solo un tercio de las casillas con respecto a las que operaron en la elección presidencial de 2018 reducirá la posibilidad de recibir a más electores.
Si el protagonismo del INE afectó el proceso, la respuesta de presidente López Obrador y su Gobierno al boicot de oposiciones desnortadas y sin credibilidad, y de medios de comunicación y de otros agentes contrarios a la 4T, fue la peor. En el juego democrático es inaceptable utilizar las instituciones y torcer la ley para lograr los propósitos del poder, por nobles que parezcan. AMLO y sus adversarios tomarán del revocatorio la parte más conveniente a sus intereses. Pero a pesar de sus bemoles, el ejercicio será útil. El presidente retó a quienes lo reprueban y denuestan a votar para acortar su mandado. Sin embargo, difícilmente se logrará la participación del 40% de la lista nominal de electores (37.1 millones de votos) para hacerlo vinculante.
Una encuesta nacional de Massive Caller del 4 de abril arroja los siguientes datos: el 80.3% conoce el día de la votación (10 de abril); el 81.3% piensa ir a votar; el 59.5% sabe dónde estará su casilla; el 87.6% votará porque el presidente continúe en sus funciones. Quienes participen y quienes se abstengan deben hacerlo libremente, sin coacción ni inducción de ninguna naturaleza. Este debe ser el primer revocatorio; y los siguientes, siempre mejores que los anteriores. Pero también es preciso realizarlo en los estados y en los municipios. Así el país se evitará que presidentes como Peña Nieto —e incluso el actual— y gobernadores como los Moreira en Coahuila y los Medina y los Bronco (Samuel García todavía está a prueba) en Nuevo León tengan más tiempo para causar daño impunemente.
