El Gobierno Municipal, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, insiste en emitir listas de recomendaciones básicas para evitar accidentes viales, apelando a un sentido común que, evidentemente, brilla por su ausencia en las calles. Si bien las campañas preventivas que exhortan a no usar el celular, respetar los límites de velocidad y revisar las condiciones mecánicas de los vehículos son bienintencionadas, estas medidas resultan ser meros paliativos superficiales frente a un problema estructural mucho más grave y profundo: la alarmante facilidad con la que las dependencias oficiales otorgan los permisos para conducir.
La verdadera prevención de los accidentes de tránsito no comienza con folletos informativos ni con exhortos tardíos cuando el automovilista ya se encuentra detrás del volante; debe iniciar de manera estricta en las oficinas de la administración pública encargadas de regular y expedir las licencias de conducir. Resulta una ironía administrativa que las instituciones implementen operativos de vigilancia mientras, por otro lado, operan como ventanillas de tramitación exprés que entregan autorizaciones legales a cualquier ciudadano que pueda costear los derechos fiscales, sin comprobar de forma fehaciente si posee las habilidades técnicas, sicológicas y de criterio necesarias para operar una máquina en la vía pública.
La cualificación rigurosa es la principal y más efectiva herramienta de prevención. Es imperativo que el Estado diseñe e implemente exámenes teóricos, prácticos y médicos de alta exigencia antes de certificar a un conductor. Esta demanda de profesionalización se vuelve una urgencia de seguridad nacional cuando se trata de operadores de autobuses de pasajeros, vehículos de emergencia, motociclistas o conductores de maquinaria y transporte de carga pesada. La laxitud actual en los filtros institucionales satura las vialidades de personas que carecen de la capacitación mínima indispensable, convirtiendo las calles en zonas de alto riesgo.
Mientras las autoridades encargadas de la vialidad y el transporte continúen priorizando la recaudación económica por encima de una evaluación de aptitudes estricta y científica, los llamados ciudadanos seguirán siendo inútiles. El orden urbano y la protección de la vida humana en el entorno vial exigen que la entrega de una licencia deje de ser un trámite burocrático administrativo y se convierta en una certificación de competencia estricta, limitando el acceso a las calles únicamente a quienes demuestren la capacidad técnica y el sentido común necesarios para convivir en la vía pública de manera responsable.
