La diferencia entre los comicios en México y en el resto de América Latina es de porcentaje. En Sudamérica las elecciones presidenciales se ganan regularmente por márgenes estrechos, debido a que la mayoría de los países cuenta con segunda vuelta (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y otros). Si en México también existiera balotaje, quizá Cuauhtémoc Cárdenas hubiera sido presidente por la coalición de partidos progresistas agrupados en el Frente Democrático Nacional (FDN). En 1988, Salinas de Gortari, aun con fraude, no alcanzó el 50 % más uno de la votación. En el mismo escenario, Andrés Manuel López Obrador habría vencido en 2006 a Felipe Calderón, pues la ventaja del panista apenas fue de medio punto porcentual.
En cambio, los triunfos de López Obrador y Claudia Sheinbaum, en 2018 y 2024, no dejaron sombra de duda. El primero recibió 30 millones de votos, 8.3 millones por encima de los emitidos por el PAN y el PRI juntos. Con Sheinbaum la votación de Morena subió a 35.9 millones contra 16.5 de Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD. Significa que, no obstante los errores de los Gobiernos morenistas y de las campañas de los poderes fácticos y las corporaciones nacionales y extranjeras, la izquierda logró arraigarse en las preferencias ciudadanas.
La prueba de fuego de Morena era conservar la presidencia, pues de ello dependía la consolidación del proyecto de la 4T, cuya piedra angular son los programas sociales. López Obrador emprendió reformas para devolver al Estado la rectoría de la economía, la educación y los sectores estratégicos (Pemex y CFE), que el neoliberalismo había cedido al capital nacional y extranjero. También reestructuró el sistema judicial que condujo —ya en el Gobierno de Sheinbaum— a la primera y controvertida elección popular de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), antes sometidos a las élites políticas y económicas.
La inercia criminal mantuvo un ritmo ascendente en los primeros años de la presidencia obradorista, pero al final del sexenio el índice de homicidios dolosos empezó a declinar. Esto obedeció, en parte, a la estrategia de seguridad que priorizó la atención de las causas de la violencia, como la pobreza, en lugar de combatir fuego con fuego. La Guardia Nacional y las reformas constitucionales para que las Fuerzas Armadas desempeñaran por más tiempo labores de seguridad pública, han permitido contener a la delincuencia organizada. El PAN y el PRI impugnaron la decisión, aun cuando la guerra contra el narcotráfico la inició Felipe Calderón y Peña Nieto la continuó.
El sistema político también se reformó, aunque no con la profundidad que López Obrador buscaba. La razón fue que la coalición gobernante no contaba en el Congreso con mayoría calificada para aprobar las nuevas leyes, incluso con el voto en contra de las oposiciones. El Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos asientos en el consejo general se los repartieron el PRI y el PAN por más de dos décadas, hoy es controlado por Morena, lo cual no evitó escándalos, pues Guadalupe Taddei renunció a la presidencia por supuestos casos de corrupción.
Territorialmente, la expansión del partido guinda también fue acelerada. Cuando AMLO empezó su Gobierno en 2018, el «águila juarista» de su movimiento posaba solo en cuatro estados (Ciudad de México, Chiapas, Tabasco y Veracruz). Seis años después, sus alas cubrían ya 24 entidades, incluido San Luis Potosí, gobernado por el Partido Verde Ecologista, aliado de la 4T.






