Si el discurso de Andrés Manuel López Obrador está cargado de simbolismos, sus acciones lo acercan más al terreno estratégico.
A poco más de la mitad de su sexenio, el presidente asestó un doble golpe táctico que va en sintonía con sus promesas de combate a la corrupción y su política de «abrazos, no balazos» en materia de seguridad. Sin embargo, el alcance en ambos ámbitos revelará si se trata efectivamente de un compromiso con la transformación del país o de un simple oportunismo político, como señalan sus adversarios. El anuncio de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República (FGR) por movimientos irregulares en las cuentas bancarias del expresidente Enrique Peña Nieto y su entorno familiar es una gran victoria para su Gobierno en términos de imagen, pero su tiempo y forma levantan sospechas.
Lejos de aplacar las críticas, los montos investigados (una morralla comparados con los miles de millones de pesos relacionados con otros escándalos de corrupción del sexenio pasado) y la proximidad de las elecciones en el Estado de México atizaron la andanada de la oposición.
Si bien AMLO no podrá erradicar la corrupción, como prometió en su toma de posesión, con el solo hecho de llevar a su predecesor a juicio podría pasar a la historia como un verdadero estadista en uno de los pocos países de América donde los exmandatarios son aún intocables.
De lo contrario, se arriesga no solo a alimentar las teorías conspirativas de sus detractores, sino a decepcionar a una gran parte de los 30 millones de mexicanos que votaron por él con la esperanza de ver al cachorro de Atlacomulco tras las rejas.
El camino ya está trazado en Chihuahua, donde el gobernador de alternancia Javier Corral (PAN) logró meter en prisión a su antecesor César Duarte por desvíos relacionados con la «Operación Safiro», un esquema de triangulación de recursos federales al CEN del PRI, en el cual participaron la mayoría de los mandatarios que Peña vanaglorió (AMLO) como los estandartes de la renovación del partido.
Algo similar ocurre con el caso de la detención del narcotraficante Rafael «Caro» Quintero, uno de los criminales más requeridos por Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA, Enrique «Kiki» Camarena, en 1985.
Los entredichos sobre la participación de la agencia de inteligencia estadounidense en el operativo de captura y el hecho de que se realizara cuatro días después de la reunión en la que López Obrador y su par norteamericano Joe Biden limaron asperezas también generan suspicacias.
En este caso, el desenlace del proceso de extradición del capo a EE.UU. podría arrojar luz sobre las intenciones detrás de la detención. Si «el señor Caro Quintero», como se ha referido AMLO al narcotraficante en más de una ocasión, queda detenido en México, donde los líderes de los carteles viven con lujos y continúan operando el tráfico de drogas desde sus celdas, la victoria de la 4T será pírrica.
Por lo pronto, los golpes han tenido un efecto devastador sobre una oposición que se hunde cada vez más y da manotazos de ahogado con una alianza que va en contra de toda lógica política.
A tres años y medio de mandato, López Obrador cuenta aún con un gran apoyo entre la población, pero los resultados de las elecciones del próximo año en Coahuila y el Estado de México, los dos últimos bastiones priistas, serán cruciales tanto para la continuidad morenista como para la supervivencia del tricolor.
Mientras tanto, es de esperarse el presidente realice otros movimientos de precisión quirúrgica a medida que se acerquen los procesos electorales estata- les de 2023, pues los actos simbólicos son uno de los capitales más fuertes de la política lopezobradorista.
Los abrazos, por ahora, no pasan de fuertes apretones, pero si aumentan de intensidad podría dejar sin aire al bloque opositor y darle a Morena vía libre para retener el poder por muchos años más.
