Miguel Riquelme está por atravesar el umbral de su sexto año de Gobierno. Recibió a Coahuila con una deuda por alrededor de 40 mil millones de pesos —herencia de los Moreira—, desacreditado por los escándalos de corrupción, enconado por los abusos del poder y partido en dos en las elecciones de 2017. La pandemia de COVID-19 sometió al estado a grandes presiones, las cuales se sortearon con organización y decisiones atinadas. Asimismo, se superaron los efectos ocasionados en los sectores productivo y de servicios. El dinamismo de la economía y los empleos perdidos se recuperaron. El principal reproche a la administración es por no haber investigado la megadeuda ni castigado a los responsables del daño causado al erario y a varias generaciones de coahuilenses.
El balance de cinco años de Gobierno, con sus luces y sus sombras, es positivo. Una de las materias mejor calificadas es la seguridad. La coordinación con el Ejército ha sido clave en un estado que en la parte intermedia del «moreirato» fue uno de los más cruentos del país. Ciudades como Torreón figuraron entre las más peligrosas del mundo. No solo por la guerra del presidente Felipe Calderón contra la delincuencia organizada, sino también de la incuria y venalidad de autoridades locales que abrieron las puertas de La Laguna y otras regiones a los carteles de la droga y protegieron sus operaciones a cambio de favores.
En tribunales de Austin, San Antonio y del Río se realizaron juicios federales por asesinato, conspiración para importar drogas y armas y lavado de dinero. Los testimonios son la base del estudio «Control… sobre todo el estado de Coahuila», elaborado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, fundado por el obispo Raúl Vera. El estudio también aborda los masacres en Allende y en el penal de Piedras Negras. El terror lo documentan los investigadores Sergio Aguayo y Jacobo Dayán en «El Yugo Zeta. Norte de Coahuila, 2010-2011».
Sin los antecedentes anteriores no se podrían explicar ni valorar los avances en materia de seguridad consolidados en los últimos años. Enfrentamientos como el de Villa Unión en 2019, ocurrido mientras el gobernador rendía su segundo informe, y otros más recientes, advierten a la sociedad y a las autoridades sobre la acción permanente de los grupos criminales para recuperar espacios, rutas, mercados e influencia política. La respuesta enérgica y oportuna del Gobierno ha impedido a la delincuencia lograr ese propósito. Sin embargo, por su ubicación geográfica y su vecindad con Tamaulipas, Coahuila siempre será atractivo para el comercio de drogas, armas y personas.
Reconciliar al estado ha sido uno de los mayores méritos de Miguel Riquelme, y acaso el principal. Tiene críticos y detractores, pues en política la unanimidad no existe ni es democrática. La situación financiera ha impedido realizar grandes obras, pero la paz vale mucho, sobre todo en estos tiempos. Los agravios del pasado no se olvidan, sin embargo, él no los provocó. Tampoco es responsable de la atonía de las oposiciones y del sector privado; en todo caso, la aprovecha. La etapa final del Gobierno es también la más ardua. Con la mengua de poder flaquean asimismo las lealtades, el aplauso se apaga, afloran las traiciones. Solo queda la conciencia del deber cumplido —o incumplido— y esperar el juicio de la historia. Riquelme ha podido por ahora salvar su circunstancia.
