El gabinete estatal con menos saltillenses ha sido el de Enrique Martínez, quien compitió por la gubernatura frente al lagunero Juan Antonio García Villa postulado por la primera gran coalición opositora (PAN-PRD-PVEM-PT), en 1999. Resuelta la elección, el gobernador asignó los cargos principales de la administración a laguneros: Raúl Sifuentes (Gobierno), Javier Guerrero (Finanzas), Jorge Viesca (Obras Públicas) y Óscar Calderón (Procuraduría General de Justicia). Sin embargo, la influencia regional pesó menos que la preferencia de Martínez por el secretario de Educación, Humberto Moreira, quien al final se hizo con la candidatura.
Los gabinetes de Humberto y Rubén Moreira se caracterizaron por su inconsistencia. Casi todas las secretarías cambiaron de titular hasta cuatro o cinco veces. Las posiciones se cubrieron en la mayoría de los casos con neófitos, amigos y compadres sin experiencia, pero dóciles al clan y propensos a la rapiña. El plan se diseñó para saquear, encubrir la corrupción e impedir el surgimiento de liderazgos que pusieran en riesgo la sucesión entre hermanos. Así pudieron tomar el control del estado e implantar un gobierno transexenal.
Rubén Moreira nombró pocos secretarios laguneros, pero dejó de sucesor a Miguel Riquelme, exalcalde de Torreón y acaso el más eficiente operador electoral del PRI. Los Moreira tuvieron un ambiente siempre adverso en La Laguna. Humberto perdió Torreón como candidato y durante su Gobierno la comarca sufrió sus peores años. Los Zetas se ensañaron en la comarca y la inversión pública y privada registró su peor caída. Previo a las elecciones de 2017, Participación Ciudadana 29 y una decena de organismos civiles protestaron frente al Palacio Rosa y la Casa de Gobierno de Torreón contra la corrupción y la impunidad. El tema central era la deuda por 40 mil millones de pesos que el Congreso local se ha negado a investigar.
Riquelme entregó las secretarías clave (Gobierno y Finanzas) a los saltillenses José María Fraustro y José Blas Flores, exrectores de la Universidad Autónoma de Coahuila, vinculados al sector privado. Las jefaturas de Obras Públicas, Salud y la Fiscalía General del Estado las reservó para los laguneros Gerardo Berlanga, Roberto Bernal y Gerardo Márquez. Las presidencias del Congreso y del Tribunal Superior de Justicia también fueron para sus paisanos Marcelo Torres (PAN) y Eduardo Olmos, en el primer caso; y Miguel Mery, en el segundo.
El péndulo de la sucesión, con Riquelme, volvió a moverse hacia Saltillo. El método de selección no varió un ápice: el favorito se presentó con antelación, como antes lo fueron los Moreira y el propio Riquelme. Manolo Jiménez tuvo como trampolín la presidencia municipal, la Secretaría de Desarrollo Social y los medios de comunicación. El gobernador electo asumió compromisos con el sector empresarial de La Laguna para apuntalar su elección. Bajo el criterio de los últimos sexenios, las principales posiciones las dividirá entre Saltillo y Torreón. Sin embargo, es necesaria una renovación de cuadros, pues en los tres últimos gabinetes han aparecido los mismos en distintos cargos e incluso sin cambiar de puesto.
Jiménez asignará algunos cargos a representantes del PAN por su alianza con el PRI. Empero, un Gobierno de coalición va más allá del simple reparto de sinecuras. Requiere agendas legislativas y políticas más atentas a las demandas ciudadanas que a los intereses de las cúpulas y de los grupos de poder. Una exigencia consiste en investigar la deuda y castigar a los responsables. Así como negociar con los bancos quitas del capital en vez de engordarles el caldo con nuevas reestructuras.
