Las compañías investigadas siguen ganando la mayoría de concursos públicos a la espera de que se celebre el juicio en la Audiencia Nacional.
Se hacían llamar el «Grupo 6» y durante 20 años dominaron las contrataciones públicas de aeronaves destinadas a la extinción de incendios forestales en España. Lo hicieron con el PP, el PSOE y CIU.
La organización, constituida por un grupo de empresas del sector de la aviación y apoyados por funcionarios y políticos de diversas administraciones y partidos, logró influir en el precio final de los contratos.
El funcionamiento de este grupo fue estable y permanente en el tiempo. A través de pactos clandestinos, muchos de ellos cerrados durante la celebración de cacerías en Andalucía y Castilla-La Mancha, imponían a las administraciones precios superiores por el uso de aviones en los incendios.
¿Cómo? Pues con un reparto fraudulento del mercado y ofertas previamente pactadas entre ellos con bajas insignificantes. Así obtuvieron a lo largo de dos décadas precios máximos y sin alternativa a cambio de entregas de dinero en metálico, regalos y el pago de cacerías o viajes.
La Audiencia Nacional finalizó en julio la investigación del denominado cártel del fuego y la Fiscalía Anticorrupción acaba de presentar la acusación. El fiscal Carlos Alba traza en su escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, veinte años de gestión fraudulenta en la extinción de incendios forestales en España.
La investigación ha acreditado que se pudieron concertar contratos por al menos 151 millones de euros y la trama se extendió por Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Castilla-La Mancha o Cataluña.
