La mayor resistencia que afronta el Estado de La Laguna es política. Para equilibrar fuerzas con Saltillo, en 1999 surgió un movimiento alterno cuyo propósito era impulsar a la gubernatura a un lagunero. Francisco Dávila abandonó la carrera por el favoritismo del gobernador Rogelio Montemayor hacia el exalcalde de Acuña, Jesús María Ramón. Braulio Manuel Fernández Aguirre, hijo del gobernador homónimo, compitió por la candidatura del PRI contra Enrique Martínez y el propio Ramón en el primer proceso abierto.
Martínez, quien seis años atrás había sido sacrificado por el PRI para imponer a Montemayor, el favorito del presidente Salinas de Gortari, echó manos de cuadros políticos de La Laguna para ganar la consulta interna y luego la elección constitucional a Juan Antonio García Villa, de alianza Coahuila 99 formada por el PAN, PRD, PT y PVEM. El gobernador cubrió con laguneros las principales posiciones de su gabinete. Sin embargo, el movimiento por el Estado de La Laguna retomó aliento en 2005, cuando el PRI volvió a postular a un saltillense (Humberto Moreira) y el PAN a un lagunero (Jorge Zermeño). Moreira perdió Torreón, pero se recuperó en Saltillo.
En venganza, y para debilitar al alcalde panista José Ángel Pérez, Moreira creó una onerosa estructura paralela en La Laguna y nombró de encargado a Eduardo Olmos, el candidato derrotado en 2005. El objetivo no era reconciliarse con la región ni atender las necesidades de infraestructura y servicios, sino someter a las oposiciones y recuperar el control político. Moreira usó el presupuesto para urdir pactos con las élites y los organismos empresariales y ganar la presidencia municipal en 2009 con Olmos. El moreirato convirtió a La Laguna en un infierno. Los carteles de la droga, quizá con la aquiescencia del Gobierno, sembraron pánico y terror.
Moreira adoptó siempre políticas contrarias a La Laguna, pero ya como exgobernador alentó el estado 33. No por convicción, sino para generarle conflictos a su hermano Rubén Moreira por haberlo suplantado de la jefatura del clan después de heredarle el cargo. El «candidato» del exlíder del PRI para encabezar el estado lagunero era un oligarca. La oposición a Moreira II en La Laguna provino de la sociedad civil. Participación Ciudadana 29 organizó plantones frente al Palacio Rosa y la Casa de Gobierno de Torreón para protestar contra la corrupción y la impunidad.
Rubén Moreira explotó al sentimiento regional. Para ganar simpatías se declaró «gobernador lagunero» y compró una casa en Viesca, pero el rechazo hacia su Gobierno, en lugar de menguar, se acrecentó. En una visita a la secundaria 83 de Torreón, el estudiante Miguel Ángel lo interpeló a voz en grito: «¡Ratas, rateros, devuelvan el dinero!» (La Jornada, 29.09.12). Moreira fingió ignorancia. «¿Cuál dinero? ¿Cómo te llamas?». El joven lagunero dio a sus mayores un ejemplo de dignidad y valor cívico: «El que se llevaron». Una parte significativa de la megadeuda, como es bien sabido, terminó en los bolsillos de funcionarios y políticos venales. Mientras la panda y sus familias fabricaban fortunas, los coahuilenses eran privados de los servicios esenciales (salud, agua, alcantarillado y seguridad).
La sucesión de 2017 le brindó a Moreira II la oportunidad de mostrar el compromiso con sus «paisanos» del suroeste y atender viejas demandas… y no la dejó escapar. Sin embargo, no lo hizo para permitirle a La Laguna retomar el liderazgo de otras épocas, sino para aprovecharse de ella; implantar un proyecto transexenal (con él siempre a la cabeza) y aumentar el sometimiento de Torreón y el resto de la comarca a Saltillo. El ardid se le cobró al PRI en las urnas, pues entre las dos opciones laguneras para la gubernatura, en Torreón la mayoría votó por Guillermo Anaya (PAN) y no por Miguel Riquelme, el delfín de Moreira.
