El último bastión del PRI es Coahuila y, por lo tanto, el único donde cumplirá 100 años en el poder. Esta situación expone al estado a presiones políticas y económicas enormes. La única manera para mantenerse a flote consiste en establecer una relación cooperativa y de respeto con la presidenta Claudia Sheinbaum. Frente a la fuerza abrumadora de Morena, los gobernadores de oposición carecen de empuje para afrontar al Gobierno de la república como lo hicieron al principio de la administrración de Andrés Manuel López Obrador con la Alianza Federalista.
La mayoría calificada de Morena y sus aliados (PT y Verde) en las cámaras de Diputados y Senadores le permite distribuir el presupuesto de acuerdo con las prioridades de la 4T, dirigir la agenda legislativa y tener bajo control a los gobernadores, en especial a los de distinto signo. El coahuilense Manolo Jiménez ha buscado acercamiento con la administración de Sheinbaum, pero todavía es pronto para ver resultados. Fuera del tren de pasajeros entre Ciudad de México y Nuevo Laredo, y de la continuación del Programa Agua Saludable para La Laguna, no existen a la vista proyectos de gran calado. La situación se complica por la deuda cuyo servicio absorbe alrededor del 10% del presupuesto anual.
Con 49 diputados y 13 senadores de su partido en el Congreso general, de los cuales solo cuatro son del PRI, Jiménez tampoco puede presionar para atraer recursos adicionales al estado. Posponer por más tiempo inversiones necesarias para atender la demanda de infraestructura y de servicios, y al mismo tiempo reducir el rezago acumulado en los 12 últimos años por la deuda, pasará factura tarde o temprano. Los grilletes le impiden al estado dar zancadas de gigante. Coahuila se mantiene en el tercer lugar del Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2024, pero Nuevo León, Querétaro, Jalisco y Sonora le pisan los talones.
En el subíndice de infraestructura, sin embargo, Coahuila se ubica en la posición número 15. El indicador evalúa las áreas financiera, de telecomunicaciones y de transporte, «necesarios para impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo al incidir en otros sectores de la economía», dice el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco). El subíndice considera el acceso a tecnologías de la información y comunicación, y el uso de servicios financieros. También toma en cuenta variables relacionadas con los servicios de telefonía móvil, acceso a internet, heridos en accidentes de tránsito terrestre, terminales puntos de venta, uso de banca móvil, captación de ahorro, flujo de pasajeros y carga aérea.
En Sistema político y Gobiernos, Coahuila aparece en el puesto 31, solo por encima de Baja California. El subíndice mide el potencial de estabilidad y funcionalidad de los sistemas políticos locales (capacidad de influir positivamente en la competitividad). Un sistema efectivo fomenta el desarrollo económico local, apunta el Imco. Entre las variables destaca la deuda «como porcentaje de sus ingresos totales» (en Coahuila es del 56.5%, el tercero más alto del país), los ingresos propios y la percepción de corrupción, entre otros factores. Coahuila es primer lugar en Derecho; tercero en Innovación y economía; y cuarto en Mercado de trabajo y en Sociedad y Medio ambiente. Empero, las debilidades en infraestructura, política y Gobierno, reflejadas en el ICE, podrían agravarse en los próximos años por falta de inversión causada por la deuda. El gobernador Jiménez tiene una inmensa tarea por delante.
