La sucesión del gobernador, de por sí enrevesada, estuvo a punto de tomar otro derrotero debido un error de cálculo político: la aplicación de la norma sobre la alternancia de género en las elecciones de 2023. Frente al riesgo de que el PRI proponga a un candidato para la gubernatura de Estado de México y lo forzara a postular en Coahuila a una mujer, el Congreso local (dominado por diputados de esa formación) reformó la Constitución a efectos de posponer las nominaciones femeninas hasta 2029. Por mayoría de 10 a 1, el Tribunal Superior de Justicia derogó a finales de junio el transitorio 193. La legislatura estatal aprobó el decreto el 17 de diciembre pasado, en medio de las Navidades, para no llamar la atención sobre la llamada Ley Manolo.
La anulación, propuesta por la magistrada María del Carmen Galván, se fundó en las faltas procedimentales en el Congreso y en los ayuntamientos. La premura y la poca aplicación de los operadores del Gobierno en el Legislativo y la complacencia de Morena dieron la pauta al Partido Unidad Democrática de Coahuila para interponer el recurso de inconstitucionalidad y echar abajo la reforma. La sentencia del Tribunal, por la violación —«grave y sustancial»— de requisitos para garantizar la deliberación en los cabildos obliga a reponer el proceso.
El Instituto Nacional Electoral (INE), sin embargo, confirmó el 26 de junio que si el PRI postula en Coahuila a un hombre para gobernador, en Estado de México deberá proponer a una mujer, o viceversa. El proyecto de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos solicita a los «PPN (partidos políticos nacionales) para que informen al INE a más tardar 30 días antes del inicio de su proceso de selección de candidaturas a gubernaturas en los estados de Coahuila y Estado de México, la entidad donde postularán a una mujer como candidata o, en su caso, si en ambas entidades postularán a mujeres».
Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia, había propuesto invalidar las fracciones del segundo transitorio de la reforma de 2021 para que al gobernador Miguel Riquelme lo sustituya una mujer. «Si la persona del titular de la gubernatura es hombre, todos los partidos políticos nacionales y locales deberán postular a una mujer en el siguiente proceso electoral. Pero si la gubernatura en turno recae en una mujer, dichos institutos estarán en la posibilidad de postular libremente a un hombre en el proceso electoral subsecuente o nuevamente a una mujer» (Reforma, 28.06.22).
El proyecto de Ortiz, nominada para la Corte por el presidente Andrés Manuel López Obrador, también cerraba el paso a maniobras contra las postulaciones paritarias. «En el caso de las candidaturas independientes, también debe observarse el principio de paridad de género. Ello, toda vez que existe un cúmulo de asimetrías y barreras estructurales que impiden a las mujeres el acceso a cargos en el ámbito político (…)». Empero, en la sesión del 4 de julio, la ministra y exdiputada de Morena presentó un proyecto sustituto —votado por unanimidad— para sobreseer la acción de inconstitucionalidad y declararla improcedente.
«El proyecto original (…) abordaba las múltiples aristas de la reforma, a efecto de verificar que el decreto impugnado se implementara como un verdadero mandato de optimización constitucional y con ello reivindicar los derechos electorales de las mujeres», advirtió Ortiz. Sin embargo, al cesar los efectos de la norma impugnada, se puso fin al procedimiento sin llegar a una resolución sobre el fondo. La decisión favorece al PRI y a Morena, pues los libra de postular a una mujer en 2023, pero no los exime de respetar la paridad de género en Coahuila y Estado de México de acuerdo con los criterios del INE.
