El periodista David Marcial Pérez analiza en su reciente reporte el complejo giro de timón de la presidenta Claudia Sheinbaum frente al uso de la fractura hidráulica en México. El dilema central de la mandataria radica en la colisión entre dos pilares fundamentales de su discurso: el compromiso ambientalista de su perfil científico y la aspiración de la izquierda mexicana por alcanzar la soberanía energética. Ante una dependencia creciente de las importaciones de gas natural desde Estados Unidos y la situación crítica de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo con mínimos históricos de producción, Sheinbaum parece haber optado por el pragmatismo técnico para reactivar la industria.
El trabajo de Pérez y su equipo de colaboradores en las secciones de política y economía revela que ya existe un plan sobre la mesa que contempla una inversión superior a los 1,000 millones de dólares. El proyecto busca involucrar capital privado para explotar pozos identificados en estados como Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Los especialistas consultados subrayan que, a diferencia de la administración anterior, que priorizó cifras rápidas, el nuevo enfoque busca una explotación racional y de largo aliento, aunque los resultados de la extracción de gas y aceite mediante yacimientos no convencionales podrían tardar entre tres y cuatro años en materializarse.
El mayor desafío, sin embargo, no es técnico sino político. El término fracking es considerado una palabra maldita dentro de Morena debido a las promesas de campaña de no utilizar técnicas agresivas con el medio ambiente. Para mitigar el costo político y superar el tabú ideológico, fuentes internas del círculo presidencial y funcionarios estatales han comenzado a sustituir la terminología por conceptos como yacimientos de baja permeabilidad o yacimientos no convencionales. Con esta maniobra, el Gobierno busca reactivar la soberanía energética mexicana sin entrar en una confrontación directa con las bases que rechazan la fractura hidráulica por su impacto en los acuíferos.
