Durante la quinta Sesión del Segundo Período de la Diputación Permanente, el Diputado de morena, Francisco Cortez, presentó una proposición con punto de acuerdo con motivo de enviar un atento exhorto a la Secretaría de Salud, así como a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), a los 38 Ayuntamientos del Estado y a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a que, dentro de sus respectivas atribuciones y competencias, informen a esta Soberanía y a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las medidas para garantizar la potabilidad del agua que los organismos operadores municipales suministran a la población, así mismo, contribuyan al ahorro familiar mediante la implementación de campañas de orientación sobre el gasto innecesario que representa la compra de agua embotellada.
El legislador de morena, señaló que las familias mexicanas sufren una sensible baja en su poder adquisitivo al tener que adquirir ahora una canasta básica más cara, pero también al verse en la necesidad de comprar agua embotellada, no sólo a causa de la escasez del líquido, sino también por la creencia generalizada de que el agua que suministran los sistemas operadores no es potable.
“Gracias a la alta demanda de agua limpia, las purificadoras privadas han visto crecer sus ventas de manera exponencial, aprovechando para sus procesos el contenido de los ductos de distribución municipales. Convenimos en que el agua envasada, o bien, la que se obtiene en garrafones a través de máquinas dispensadoras, debe formar parte de la canasta básica, considerando que las familias de bajos ingresos son las que más gastan en la adquisición de este producto” expuso.
En ese sentido, Cortez Gómez externó que a reserva de que se termine de integrar dicha canasta, los coahuilenses pueden avanzar ya en la inhibición de la compra de agua embotellada y en verificar si el líquido que sale de los grifos es apto para consumo humano.
“El hecho es que, hasta donde sabemos, las autoridades respectivas han asumido su obligación de garantizar a la ciudadanía el derecho constitucional al agua y saneamiento, de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible. Un ejemplo de que el sector público pudiera estar haciendo bien las cosas, es lo que asegura el sistema operador de la capital coahuilense, denominado Aguas de Saltillo (Agsal), cuyos directivos afirman que el agua que distribuye es potable, según certificado de calidad que, desde febrero de 2016, recibió por parte de la Secretaría de Salud” informó.
Aunado a lo anterior, el Diputado Francisco Cortez, aclaró que en todo caso, basta con que la población hierva o clore el agua, como a veces lo recomiendan las autoridades sanitarias, considerando sobre todo la posibilidad de que las tuberías, tinacos y aljibes de las viviendas presenten contaminación por averías o suciedad.
“Datos del INEGI señalan que, en 10 años, el volumen de ventas de agua embotellada creció 32% a nivel nacional, pasando el promedio anual de consumo por persona de 150 a unos 200 litros. Este aumento responde al crecimiento demográfico, como a la desconfianza de tomar agua de del grifo; con motivo de la actual sequía y crisis económica, el Estado
debe promover el ahorro familiar, a través de inhibir la compra del líquido embotellado, lo que a su vez permitirá evitar la contaminación ambiental por el uso de botellas de plástico” finalizó.
