La corrupción también cobra vidas. Ocurre cuando carreteras, puentes, edificios, escuelas y hospitales, construidos fuera de norma y con materiales de mala calidad, colapsan, como pasó en Turquía y Marruecos tras los últimos terremotos. Igual sucede cuando, en casos como el de Coahuila, el Gobierno deja de invertir por décadas en infraestructura, salud, educación y servicios básicos. El estado ha llegado a destinar hasta el 10% de su presupuesto a bancos —algunos de ellos propiedad de familias de políticos y beneficiarios del régimen— que otorgaron créditos a cierra ojos a funcionarios manirrotos y venales. Los intereses de usura convirtieron a los estados en rehenes y depauperaron aún más a los pobres.
El moreirazo es el elefante en la habitación. Las autoridades voltean para otro lado; y el sector empresarial, otrora crítico, hoy es comparsa del poder. De la megadeuda se habla en las campañas electorales, pero después regresa a las catacumbas. Las oposiciones no pasan de la retórica y las denuncias se pierden en los laberintos de un sistema judicial coptado por intereses políticos y económicos. Armando Guadiana decepcionó por su actitud complaciente en el Senado después de que, como empresario, encabezó un movimiento para investigar el asalto a las finanzas.
En vez de exigir justicia y castigo para quienes hipotecaron al estado, el senador de Morena utilizó su influencia en favor de sus negocios (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Anuario de la Corrupción 2020). También defendió al exdueño de AHMSA, Alonso Ancira, uno de los principales favorecidos por el capitalismo de compadres impulsado en el Gobierno de Salinas de Gortari. La Fiscalía General de la República lo investigó por la transferencia de capitales a paraísos fiscales (Papeles de Panamá), lo mismo que a otros empresarios y políticos. La arrogancia y falta de compromiso los pagó en las urnas. Durante su campaña por la gubernatura, extrabajadores de Pemex le solicitaron apoyo para crear un fondo de pensiones. «Mejor que sea de defunción», ironizó.
El endeudamiento pende sobre el Gobierno cual espada de Damocles. La inversión pública se desplomó en los últimos 13 años. Los bancos recibirán más de 6 mil 700 millones de pesos en este ejercicio. El presupuesto solo alcanza para paliar necesidades apremiantes. La administración de Manolo Jiménez afrontará el mismo problema. En las campañas para la gubernatura, los candidatos del PT (Ricardo Mejía) y de los partidos Verde y UDC (Evaristo Lenin Pérez) denunciaron que las reestructuraciones solo son negocio para banqueros y políticos. En su lugar propusieron negociar con los acreedores quitas al capital. Guadiana se alineó con ellos, pero nadie lo tomó en serio.
La deuda de Coahuila es una de las más altas del país y la cuarta en términos per cápita (12 mil 53 pesos) de acuerdo con el último Reporte de deuda subnacional. La presión sobre las finanzas aumentó en los cinco últimos años por la cancelación de fondos federales a los estados. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador, la medida se tomó por austeridad y para combatir la corrupción, pues cantidades ingentes de dinero eran desviadas con fines electorales o para enriquecer a funcionarios. Los gobernadores dejaron de controlar el presupuesto de la federación al perder el control de la Cámara de Diputados. Sin ese salvavidas, la situación financiera de Coahuila empeoró. A corto plazo podría ser insostenible si no se negocia con los bancos condiciones para atender las demandas inaplazables de carreteras, hospitales, escuelas, agua y alcantarillado.
