En una incisiva columna de opinión, Carlos Cancela aborda las «dudas sin resolver sobre la proliferación del coche eléctrico», argumentando que su carácter de «cero emisiones» es una falacia si la energía que lo alimenta proviene de combustibles fósiles. Para Cancela, el problema no se resuelve si simplemente se trasladan las emisiones de CO2 de las ciudades a las centrales térmicas. Insiste en que, a nivel global, estas emisiones contribuyen igualmente al cambio climático, independientemente de su origen geográfico.
Cancela critica la incongruencia de que países como Alemania y Países Bajos, los mayores vendedores de coches eléctricos en Europa, también sean los mayores emisores de CO2 por producción eléctrica. Contrasta estas cifras europeas con las de China, donde una sola ciudad puede emitir más CO2 que toda Europa en un semestre, y 23 de las 25 ciudades más contaminantes del mundo son chinas. Para él, el coche eléctrico solo tiene sentido si va acompañado de masivas inversiones en energías 100% renovables como la eólica y fotovoltaica.
El autor también arremete contra la política de eliminar centrales nucleares, a las que considera una fuente estable y libre de CO2, sugiriendo que esta decisión «políticamente correcta» solo lleva a quemar más carbón o gas, aumentando las emisiones y el costo de la electricidad.
Cancela afirma que Europa está repitiendo errores pasados, como su apuesta por el diésel en los ochenta, cuando se ocultó la peligrosidad de sus emisiones contaminantes. Acusa a las autoridades de «volver a mentir» al considerar los vehículos eléctricos como «cero emisiones» en sus cálculos, ignorando la huella de carbono de la producción eléctrica. Finalmente, critica la política energética española de priorizar la recarga nocturna con tarifas más baratas, cuando la energía solar, más limpia y económica, debería ser la opción preferente, sugiriendo que esto es una forma de «repercutir al usuario la mala gestión pública» a través de impuestos y tasas de CO2. En su visión, la actual estrategia europea amenaza con «arruinar a los ciudadanos» y limitar su movilidad, mientras el carbón alemán y polaco se benefician.
