A pocos meses de que inicie el Mundial de Fútbol 2026, las autoridades mexicanas han intensificado sus esfuerzos para frenar la venta de productos falsificados. Esta situación no solo afecta a las marcas oficiales, sino que se ha convertido en un punto de tensión importante en las relaciones comerciales con Estados Unidos, especialmente ante la próxima revisión del tratado de libre comercio (TMEC). México figura actualmente en una lista de vigilancia internacional debido a que no ha logrado resolver problemas graves de propiedad intelectual y falsificación de marcas.
En zonas comerciales emblemáticas como el Centro Histórico de la Ciudad de México y mercados en Guadalajara, es común encontrar réplicas de las playeras de la selección mexicana a una fracción de su costo original. Ante esto, el Gobierno federal ha puesto en marcha operativos que ya han resultado en el decomiso de toneladas de mercancía apócrifa, principalmente proveniente de China. Sin embargo, el problema persiste debido a la enorme informalidad y a la falta de coordinación efectiva entre los diferentes niveles de justicia para imponer sanciones.
El impacto económico es considerable, ya que la piratería y el contrabando generan un agujero fiscal de miles de millones de pesos. Expertos señalan que el consumo de productos ilegales castiga a los negocios que sí pagan impuestos y distorsiona el mercado nacional. Para el país, el reto es demostrar que puede proteger los derechos de autor y las marcas deportivas, transformando el Mundial en una oportunidad para el comercio formal en lugar de una ventana para la ilegalidad.
