Los juicios contra los exsecretarios de Finanzas Javier Villarreal Hernández, Jorge Torres López (en Estados Unidos) y la vinculación a proceso de Ismael Ramos Flores (en México) retratan la forma como se manejó el dinero de Coahuila en los sexenios de Humberto y Rubén Moreira. Exfuncionarios, contratistas y familiares de políticos han entregado decenas de millones de dólares a agencias de Estados Unidos —ocultos en paraísos fiscales o invertidos en negocios inmobiliarios y de otra índole— después de celebrar acuerdos en la Corte federal. El Gobierno del Estado pudo haber reclamado los recursos para resarcir parcialmente el daño causado al erario. Sin embargo, las autoridades optaron por el silencio y la pasividad, pues solicitar la devolución de los fondos desviados implicaba reconocer la comisión de delitos y obligaba a denunciarlos.
En las investigaciones de los fiscales norteamericanos contra Villarreal, Torres y varios empresarios se habla de «robo y saqueo a las finanzas», «lavado de dinero» y de «sobornos». Ramos es el primero en estar sujeto a proceso en nuestro país. Al exsecretario de Finanzas de Rubén Moreira se le acusa de desviar 475 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) en el ejercicio de 2016. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el esquema para distraer los recursos encuadra dentro de la «Operación Safiro», implementada desde el Gobierno de Chihuahua, el PRI y la Secretaría de Hacienda en las gestiones de César Duarte (en prisión preventiva), Manlio Fabio Beltrones y Luis Videgaray (impunes).
El caso de la Operación Safiro (acrónimo de Saneamiento Financiero), documentada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, lo abordan los periodistas Manu Ureste, Zedryk Raziel y Arturo Ángel en el libro «El caso Viuda Negra» (Grijalbo, 2022) a partir del asesinato, el 21 de mayo de 2020, de Isaac Gamboa Lozano, pieza clave en el entramado de corrupción, lavado de dinero y empresas fantasma para desviar recursos públicos hacia campañas políticas del PRI. Gamboa se desempeñó como jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Gamboa fue ejecutado junto con su madre y tres hermanos (dos hombres y una mujer) en una casa de descanso en Temixco, Morelos. La información en poder del exfuncionario vuelve inverosímil la versión del crimen pasional como causa del multihomicidio a cargo de un comando. El silenciamiento del encargado de negociar las asignaciones y desvíos del Fortafin con los gobernadores «resultó muy conveniente al interior del peñismo», dicen los autores. Uno de los agentes a quienes dedican mayor atención, por su protagonismo en la trama, es Alejandro Gutiérrez, cuya descripción encaja con la de un gánster.
Ismael Ramos Flores y los tesoreros de Chihuahua y Zacatecas acudieron a las oficinas de la Unidad de Política y Control Presupuestario el 15 de enero de 2016 para firmar convenios con su titular, Isaac Gamboa. En el caso de Coahuila se comprometieron 275 millones de pesos, monto «idéntico al de Chihuahua», consignan los periodistas del portal Animal Político. El 23 de noviembre de 2020 —recuerdan— Reforma dio a conocer una investigación contra Ramos, secretario de Finanzas de Rubén Moreira, «por desvíos del Fortafin, aunque no se conoce el monto afectado». Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera armó el expediente denominado «Viuda Negra», sobre el entorno financiero de Gamboa y sus conexiones con la Operación Safiro, de la cual Coahuila forma parte.
