En su reportaje para El País, Eyanir Chinea y Carlos Carabaña exponen cómo la escalada en los precios internacionales del oro y la plata ha convertido a la industria minera en México en un objetivo prioritario para el crimen organizado. El reciente secuestro masivo de diez mineros en Sinaloa, pertenecientes a la empresa canadiense Vizsla Silver, actúa como el catalizador de una investigación que revela una crisis de seguridad profunda. Los autores detallan que las organizaciones criminales no solo exigen el tradicional derecho de piso, sino que han sofisticado sus métodos de extorsión forzando a las compañías, tanto nacionales como extranjeras, a contratar proveedores de insumos, transporte y alimentación vinculados directamente a las células delictivas.
La investigación destaca que la plata ha experimentado un incremento de valor superior al 120% en los últimos seis meses, mientras que el oro ha subido un 50%. Esta bonanza económica ha atraído a grupos criminales que ejercen control territorial en estados como Zacatecas, Durango, Guanajuato y Guerrero. Según expertos consultados por los autores, como John Price de Americas Market Intelligence, la interferencia del narco es casi inevitable para cualquier operación de escala en estas zonas.
El reportaje subraya la encrucijada legal que enfrentan las empresas internacionales: mientras el Gobierno de México atribuye algunos ataques a confusiones entre bandos rivales, la administración de Donald Trump en Estados Unidos ha designado a varios cárteles como organizaciones terroristas. Esto coloca a las mineras que ceden a la extorsión bajo el riesgo de ser investigadas por financiamiento al terrorismo o lavado de dinero en cortes estadounidenses.
Chinea y Carabaña también documentan el impacto operativo y económico de esta violencia. Se estima que la extorsión eleva los costos de producción en un 3% y obliga a las empresas a destinar presupuestos masivos a seguridad privada. El texto menciona casos emblemáticos, como la suspensión de actividades de Telson Mining en Guerrero debido a las presiones de la Familia Michoacana, y el hallazgo de fosas clandestinas con trabajadores ejecutados en Sinaloa.
Finalmente, los autores recogen datos de organismos como México Evalúa y la Coparmex para concluir que este fenómeno no es exclusivo de la minería, sino un impuesto criminal que afecta a la mitad de los empresarios en el país, desafiando directamente la estrategia de seguridad y los planes de crecimiento industrial de la administración de Claudia Sheinbaum.
